Grupos ambientalistas han denunciado la inacción y opacidad del Gobierno de Panamá en la realización del proceso de cierre de la mina de carbón operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM)que se encuentra incapacitada desde noviembre cuando la Justicia declaró «inconstitucional» el contrato que renovó su concesión.
«(El Gobierno) no ha hecho nada, pero guarda silencio con comunicados de prensa y publicaciones en círculos sociales pero sin acciones concretas», dijo a Efe el director de la asociación ambientalista Adopta Bosque, Guido Berguido.
Según el líder ambientalista de las históricas protestas antiminería de noviembre, hay «preocupación real» porque en más de dos meses Corte Suprema de Justicia Panamá Está claro que el contrato con la mina canadiense era «inconstitucional», no si «vio una acción contundente en medidas transparentes» por parte del Ejecutivo de Laurentino Cortizo.
Casos de una decena de organizaciones ecologistas denuncian ahora que el Gobierno «incluir su plan de Cierre de Mina (y) pone en grave peligro la zona y aumenta la vulnerabilidad del país ante los arbitrajes internacionales» que tendrá que afrontar el Estado panameño para socavar la controvertida contrato minero.
En este comunicado, los grupos informaron que «el próximo 7 de marzo se realizará la cobertura del financiamiento de cumplimiento ambiental del proyecto, entregado a cierre, post-cierre y causas imprevistas por un valor de 108 millones de dólares. Al mismo tiempo , no se han dictado ni publicado, resoluciones o instrucciones específicas (…) para subsanar esta infracción no hacer nada que decir».
Advierte que la mina «espera» que un nuevo Gobierno «renegocie»
De cara a las elecciones generales del 5 de mayo, las organizaciones advirtieron que la empresa podría «esperar» que un nuevo gobierno «renueve» el contrato, sin dar detalles sobre esta posible estrategia.
«Este vacío de información parece tener relación con el contexto político y político y está a la espera de que el nuevo gobierno inicie algunas nuevas negociaciones que estarían fuera de lo que quiere la ciudad», comentó a EFE Unión Internacional por la Preservación de la naturalidad.el abad Ricardo Wong.
El contrato que renovaba la concesión por 20 años, prorrogables a la mina, fue anulado el 28 de noviembre por un fallo del máximo órgano de justicia del país centroamericano tras casi un mes de intensas protestas que provocaron una grave crisis interna.
El gobierno anunció en diciembre una estrategia para el círculo ordenado y definitivo de la mina, cuyo desarrollo se espera que dure entre 6 y 18 meses con un costo de 1,5 millones de dólares, y cuya ejecución podría durar entre 7 y 9 años con un costo de entrada 800 y 1.000 millones de dólares.
Este plan contempla tres estrategias específicas: el círculo ordenado y definitivo; la defensa del Estado ante arbitrajes internacionales; y la sustitución sostenible de la mina de metal en ella producto interno bruto (PIB) nacional.
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Actualmente, la mina -la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica- se encuentra bajo un plan de gestión con sólo el 20% de la planta, que cuenta con 7.000 trabajadores.
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