El presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en marcha este miércoles un Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia (PNB) con el que se intentará dar con el paradero de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, que aún se encuentran desaparecidas.
El mandatario junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, firmó el decreto que consagra esta política de Estado, que en palabras de Boric, «deberemos defender».
Las cifras oficiales señalan que en Chile hay 1.469 detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpos, de los cuales solo se han encontrado los restos de 307.
Este Plan es la cuarta instancia creada por los gobiernos en democracia destinados a dar luz sobre los crímenes cometidos por agentes del Estado en el régimen militar. El expresidente Patricio Aylwin formó la comisión Rettig para arrojar luz sobre las personas ejecutadas y desaparecidas entre 1973 y 1990; luego, en el Gobierno de Frei se creó la Mesa de Diálogo con el propósito de que las Fuerzas Armadas entregaran en esa instancia información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y, por último, Ricardo Lagos conformó la comisión Valech, cuya labor fue visualizar los delitos de prisión política, tortura, exoneraciones y exilio.
Etapas del plan
El PNB de víctimas de la desaparición forzada comprende diferentes etapas, siendo la primera reconstruir paso a paso la trayectoria de las víctimas incluyendo su secuestro, lugares de detención y paradero final. Esto implica avanzar en el esclarecimiento de la verdad judicial, para lo que se prestará colaboración a los jueces en temas como apoyo en la concreción de diligencias.
Para lograr la anterior se formarán equipos especializados que sistematizarán toda la información existente a nivel estatal, organizaciones de DD.HH. como judicial; la georreferenciación de los lugares de detención y tortura, así como de entierros y otorgar la tecnología y recursos necesarios para identificar restos encontrados. En este primer objetivo la meta es ubicar, identificar y restituir los restos de las personas desaparecidas.
En una segunda etapa se busca garantizar el acceso de los familiares de la víctima como de toda la sociedad a la información recabada para, en un tercer objetivo, elaborar e implementar medidas que garanticen la no repetición.
Durante este año los recursos comprometidos son los que se establecieron en el presupuesto para el programa de DD.HH. del Ministerio de Justicia, que ascienden a unos 1.800 millones de pesos (casi dos millones de euros), pero el ministro Cordero aclaró que se buscará duplicarlos en 2024.
Contra el olvido
«El PNB es una herramienta institucional contra el olvido», dijo Boric al presentar la política delante de los presidentes de partidos oficialistas, jueces y ministros de la Corte Suprema y los directores generales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuestión que el presidente destacó.
En la ocasión, los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos valoraron la iniciativa, reiteraron que no van a abandonar su búsqueda y que el papel que cumplirán es de vigilancia. «Si debemos golpear la mesa, lo haremos», afirmó Alicia Lira de la Agrupación de Ejecutados Políticos.
Con este acto, el Gobierno dio inicio a una serie de ceremonias conmemorativas de los 50 años del golpe de Estado. Al concluir la presentación, las autoridades instalaron un hito en el subterráneo de La Moneda, lugar que es considerado el primer centro de detención.
«Los 50 años no pueden sustentarse en conmemoraciones simbólicas, deben sustentarse en un nunca más», sostuvo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera.