martes, abril 16

¿Cómo es la amnistía que ERC y Junts reclamaron en 2021 y tumbó el PSOE?

Amnistía. Esta es la palabra estrella que sobrevuela estos días la política española. Y, sobre todo, cualquier conversación en las que tengan que ver el PSOE, ERC y Junts, aunque no todos la pronuncian con la misma intensidad. Para los dos partidos independentistas cualquier escenario en el que apoyen una investidura de Pedro Sánchez pasa por esta vía; el presidente del Gobierno en funciones prefiere no mencionarla mucho; y en Sumar tienen claro que es la mejor solución y que tiene encaje en la Constitución.

Por lo pronto, los socialistas están negociando con ERC y Junts fórmulas para despenalizar el ‘procés’, aunque se desconocen los detalles. Lo que sí se sabe es cuál sería la propuesta ideal de los partidos independentistas. En marzo de 2021 registraron en el Congreso una proposición de ley orgánica de «amnistía y resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español». El PSOE, junto al PP y Vox, impidieron su tramitación en la Mesa del Congreso. Estas son las claves de aquella iniciativa:

El primer artículo de la proposición de ley, de 18 páginas de extensión, establecía las bases de la norma: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta Ley». Además, se detalla que se entenderá como intencionalidad política «cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya«.

Según se explica en la exposición de motivos, la elección de la fecha de 1 de enero de 2013 se debe a que fue en ese mes cuando el Parlament aprobó una resolución en la que la Cámara expresó su «disposición a ejercer el derecho a decidir en el marco de la legislación vigente, con base en el principio democrático».

Tanto ERC como Junts centraron la amnistía en la consulta del 9-N de 2014 y en el referéndum ilegal celebrado en 2017. A este respecto, se recoge que se considerará acto político cualquier hecho «vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración» de ambos hitos. Así como «los actos de protesta en la vía pública» para defender la celebración del referéndum, como para criticar las decisiones del Gobierno español y de la justicia.

Para curarse en salud, en el texto de la norma se establece de manera clara que, «en cualquier caso», serán objeto de la amnistía aquellos actos considerados «delitos de rebelión y sedición«, «contra el orden público«; «delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos«; y aquellos actos de expresión que sean «valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto político con Catalunya».

Además, en una disposición adicional, se enumeraban las distintas causas judiciales a las que afectaría la amnistía, como la sentencia del Tribunal Constitucional contra los líderes del ‘procés’ u otra docena de procesos abiertos en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la Audiencia Nacional o en otras estancias.

Las órdenes de extradición

Con esta norma, también se pretendía dejar sin efecto las órdenes de extradición contra todos los dirigentes independentistas huidos al extranjero. El principal, el ‘expresident’ del Govern Carles Puigdemont: «Dejará sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de búsqueda y captura de quienes fueron declarados en rebelión». En ese momento, además de Puigdemont, se encontraban fugados otros cuatro ‘exconsellers’ del Govern -Toni Comín y Meritxell Serret de ERC y Clara Ponsatí y Lluís Puig de JxCat- y la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. Sobre todos ellos pesaban órdenes de extradición.

Sin investigaciones y con restitución

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De cara al futuro, en la proposición de ley se hacía hincapié en que «no podrá iniciarse ningún procedimiento o diligencia de ningún tipo en relación con los hechos descritos» y que sus autores «no podrán en el futuro ser interrogados, investigados, citados a comparecer, ser detenidos, retenidos, procesados o interrogados de ninguna manera por los hechos incluidos en esta amnistía».

Por otro lado, se reclamaba la «reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios sancionados», así como la reincorporación a sus puestos; la eliminación de cualquier antecedente penal o notas desfavorables en procedimientos personales; y la devolución de las fianzas y los abonos, sanciones o multas de carácter económico «con el interés legal del dinero».