
Falta poco más de una semana para que se constituyan las Cortes Generales y se den los primeros pasos para el arranque de la legislatura. Los prolegómenos no auguran nada bueno. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones pero no hay ningún indicio de que pueda alcanzar la mayoría para gobernar. Sus socios más numerosos, Vox, actúan como un repelente para conseguir cualquier otra alianza. Y la dinámica de confrontación con el PSOE, más allá de quién sea el que lleva la iniciativa en cada momento, hace inviable por ahora tanto la gran coalición como una hipotética abstención como la de 2016 que permitió la presidencia de Mariano Rajoy. Con todo, el actual líder del PP ha manifestado su intención de presentarse a la investidura, cosa que nadie debería impedir, entre otras cosas, porque pondría fecha final a una más que probable situación de bloqueo.
Pedro Sánchez, por su parte, se ha mostrado confiado en encontrar la fórmula que le permita alcanzar la investidura. Para ello necesitaría los votos afirmativos de Sumar, Esquerra, Bildu, el PNV y Junts. Hipotéticamente también podría contar con el voto de Coalición Canaria. La amalgama ha funcionado en parte en la anterior legislatura en torno al gobierno de coalición. Pero ahora necesita a Junts, la formación que ha dejado la decisión en manos de Carles Puigdemont. Ese apoyo no será nada fácil, porque el ‘expresident’ de la Generalitat hace tiempo que está instalado en la dinámica de la confrontación con el Estado en la que gobierna otra lógica que la de la política. Los primeros escarceos ya han exhibido la tarea hercúlea que exigiría un acuerdo de estas características. Donde Junts habla de amnistía y autodeterminación, la coalición habla de sistema de financiación, de plurilingüismo en las Cortes y de condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), propuestas que no satisfacen a Puigdemont pero que ya levantan suspicacias en las autonomías gobernadas por el PP que amenazan con acudir a los tribunales. Veremos cómo y hacia dónde avanza esa aventura.
En todo caso, esta semana vamos a ver el primer capítulo en el que habrá que pasar de las palabras a los hechos: la votación de la Mesa del Congreso. El PP, grupo mayoritario de la Cámara, solo va a contar con el apoyo de Vox, lo cual le aleja de obtener la presidencia. Y aquí el PSOE va a tener que descartarse sin saber si acabará consiguiendo también la presidencia del Gobierno. Todo indica que la primera contrapartida será permitir a los grupos independentistas que no cumplen los requisitos que tengan sendos grupos parlamentarios propios. Y luego queda por definir el reparto de los miembros de la Mesa y el nombre del candidato o candidata para la presidencia. Hay algunas voces que hablan estos días de la posibilidad de abrir una legislatura que aborde el tema territorial y una presidencia procedente de una nacionalidad histórica podría ser un paso simbólico. Pero, por favor, no seamos frívolos. Un camino como ese, que es necesario desde hace lustros, no se puede abrir con votaciones que se ganan por los pelos. Si se trata de asegurarse únicamente la pervivencia en el poder, no apelemos a procesos históricos que solo llevarán a nuevas frustraciones como fue el Estatut de 2010 o la discusión del plan Ibarretxe. La estabilidad solo es tal si nace de la seriedad.