martes, abril 16

El caso del despacho que fundó Montoro, cinco años atascado por choques entre el juez y los fiscales

El caso del despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se mantiene atascado desde hace cinco años por desavenencias entre el juez y la fiscal, pero también entre la propia Carmen García Cerdán y su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón. Estos choques han tenido incidencia en la labor de los investigadores de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil, que se han visto obligados a frenar sus pesquisas.

El primero de estos choques se produjo después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ordenara a la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieran las conversaciones de cuatro investigados con los sistemas de control de comunicaciones denominados Siltec y Golf Reliant-12, respectivamente.

Sin embargo, la fiscal de Anticorrupción que lleva la causa, Carmen García Cerdá, interpuso un recurso en el que pedía a la Audiencia Provincial de Tarragona que anulara la decisión del juez de intervenir los teléfonos de los sospechosos.

Derechos fundamentales

La responsable del Ministerio Fiscal consideró que el instructor no había valorado «de forma correcta los diferentes indicios» descubiertos por los agentes, por lo que no estaba justificada «la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales» como es la grabación de las llamadas, por lo que pedía que revocara el auto y se dejara sin efecto.

La Audiencia de Tarragona acabó dando la razón a la fiscal, al considerar que la decisión del juez se sustentaba en una denuncia anónima, por lo que impidió que los sospechosos fueran grabados por la Policía Judicial.

Unos meses después, la fiscal volvió a enfrentarse a otra decisión del instructor, que el 5 de junio de 2022 había rechazado levantar el secreto de las actuaciones. García Cerdá basaba su petición en que los investigados no conocían las pesquisas a las que estaban siendo sometidos, que se habían abierto en 2018, al ser secretas.

«Extrema complejidad»

En este caso, la Audiencia de Tarragona mantuvo la decisión del juez de mantener el secreto por «tratarse de una causa de extrema complejidad» y porque si se conociera «podría ponerse claramente en peligro: a la Sala no le cabe la más mínima duda de que la pretensión del Ministerio Fiscal comprometería gravemente el resultado de la investigación en proceso», dice un auto de diciembre de 2022, que define la labor del juez como «cuidadosa, compleja y metódica».

El tercero de los choques que se han producido en el caso, y el que más ha frenado las pesquisas, tuvo lugar en el seno de la propia Fiscalía Anticorrupción. Carmen García Cerdá, que tenía en su poder correos electrónicos de Hacienda que apuntaban a un delito de revelación de secretos, pues según explican fuentes del caso a esta redacción altos funcionarios del Ministerio habrían facilitado documentación confidencial, pretendía reclamar los documentos adjuntos de los ‘emails’ incluidos en la causa. Sin embargo, su jefe en Anticorrupción no lo consideró necesario.

Por eso García Cerdá recurrió al artículo 27 del Estatuto Fiscal, con la intención de mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.

Junta de fiscales

En la Junta de Fiscales de 26 de septiembre en la que se sometió el asunto, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que sólo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción no se realizarán.

Esta situación ha paralizado de hecho las pesquisas desarrolladas por los Mossos y la UCO de la Guardia Civil, cuerpos que ante la imposibilidad de avanzar más las dieron por finalizadas hace casi un año, según señalan las fuentes consultadas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, del que es ahora titular el magistrado Rubén Rus Vela, abrió el 2 de agosto de 2018 este procedimiento, que permanece secreto desde entonces. En diciembre de 2021, el instructor acordó investigar a cuatro personas. Tres de ellas son el presidente ejecutivo de Equipo Económico y exjefe de gabinete de Montoro en el Ministerio de Hacienda, Ricardo Martínez Rico; y los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. No ha trascendido quién es la cuarta persona investigada.

«Comisiones encubiertas»

El instructor investiga si estos miembros de Equipo Económico (EE), el despacho que fundó en 2006 el exministro del PP, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, cuyo contenido fue adelantado por esta redacción. En algunas de las fechas investigadas, el propio Montoro era el ministro de Hacienda.

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La resolución judicial, que se basa en el contenido de los oficios policiales, relata que se trataría de «una trama cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)».

Y para obtener estas «influencias», habrían contratado los servicios de la mercantil Equipo Económico, de la que Montoro asegura estar desvinculado desde 2008. Añaden los oficios policiales que las cantidades obtenidas por dichos servicios, «por su cuantía y vacío valor jurídicos», podrían ser «las comisiones encubiertas para la consecución de las reformas legislativas pretendidas», destaca el auto de enero de 2022 revelado por esta redacción.