El paso del 12 de diciembre, la partida que investiga las actividades presuntamente irregulares de Despacho Económico, fundada en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, celebró un relevante encuentro en su mensaje Libro de instrucciones número 2 de Tarragona. Estuvieron presenta a todos los investigadores que participaron en el caso: Guardia Civil, Mossos y miembros del equipo de apoyo de la Agencia Tributaria-, junto a los dos responsables de Hacienda Anticorrupción que han participado hasta el momento en este nombramiento, Carmen García Cerdá y su superior inmediato, el responsable de Hacienda Antonio Romeral.
Las fuentes del caso confirman a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que en aquel cónclave pusieron de relieve las fuertes diferencias de criterio entre los impuestos a la hora de fijar el objetivo de esta investigación, de la que fueron detenidos desde hace un mes, el 26 de septiembre. García Cerdá invocará un artículo del Estatuto Fiscal que opera cuando existe una discrepancia fiscal en las decisiones de sus superiores.
El cabildo que celebró la petición fiscal inicialmente registrada sobre esta cuestión resolvió a favor de los señores -por 19 votos frente a 5- decidió, cerró la puerta a seguirla investigando una supuesta revelación de secretos entre el hallazgo de numerosos Paquetes electrónicos intercambiados entre otras cargas de la Agencia Tributariacoincidiendo con la etapa en la que Montoro estuvo al frente de Hacienda, en lo que se refería a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, la exministra Rodrigo Rato o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
Acciones contra el impuesto
El paso dado por García Cerdá también tiene graves consecuencias para la operación. Por un lado, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el apartamento del partido en la causa en la que se investiga en secreto si Equipo Económico utiliza su influencia en el Ministerio de Hacienda en beneficio de sus clientes; mientras que a finales de noviembre García Cerdá conoció que la inspección de Hacienda había abierto una investigación en su contra por desobediencia. Esta semana sabemos que el expediente ya está en manos del promotor disciplinario de la tributación, Manuel Moixquien debe decir si el fiscal continúa manteniendo conversaciones con los investigadores del caso pesa órdenes de su jefe y debe ser sancionado.
En conjunto con toda esta controversia, así como con la información publicada en este diario sobre los contenidos y personalidades públicas afectadas por las citas relacionadas, Juez Rus ha decidido reunir a todo su equipo para resumir y centrar la continuación de las investigaciones. Tras consultar fuentes, en aquella reunión se demostró que Romeral y García Cerdá no lograban ponerse de acuerdo en temas tan centrales como ¿Quién debe ser citado como acusado? A partir de ese momento, porque el magistrado señaló que leería las ejecuciones y tomaría una decisión.
Investigación sobre la fecha de entrega.
Este caso -que tiene su origen en la incautación fortuita de documentación relativa al despacho fundada por Montoro durante un registro inscrito en una investigación abierta contra la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)- – es investigado desde diciembre de 2021 al ejecutivo presidente del Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, y a los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, que dirigieron la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004.
Los dos primeros cargamentos fueron también cargamentos altos del Ministerio de Hacienda. Vicente-Tutor trabajó durante 13 años en Hacienda e integró el Comité de Dirección de este instituto, mientras que Martínez Rico fue director del gabinete del ministro Montoro y en 2003 asumió el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. La quinta imputada es una mujer igualmente vinculada al despacho financiado por Montoro.
Según fuentes de la investigación, las investigaciones también se acercan a la cadencia del mando de la Dirección General de Impuestosal cual vinculan la correspondencia con los requerimientos del Equipo Económico, referidos a determinadas personas o familiares, con el fin de lograr la influencia necesaria para incidir en cambios legislativos, relativos a distintos impuestos, todo ello con el objetivo de beneficiar presumiblemente a los clientes del despacho. .
El fiscal García Cerdá, sin embargo, limitó su implementación en este procedimiento incluso antes del episodio de diferencias en el Departamento Anticorrupción respecto a las citadas correcciones. El teniente fiscal Romeral, que en realidad es el número dos de Anticorrupción, lo sustituyó en la firma de algunos informantes y registró en recurso de apelación la decisión del magistrado de capturar las conversaciones telefónicas que mantenían a varios sospechosos.
Pero no fue hasta después de que la Junta de Fiscales obligó a la invocación del artículo 27 por el fiscal del caso, cuando la investigación disciplinaria fue iniciada por la jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite.
El recaudador de impuestos afirmó investigar un delito de revelación de secretos del que se desprende el contenido de los ‘correos electrónicos’ que llevaron al Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Impuestos a la raíz del hallazgo de documentos en la empresa gasista , que a su juicio podría haber mantenido una relación con un presunto cliente rojo vinculado a la empresa fundada por Montoro, pero que fue despedido de la misma, según el exministro del PP, en 2008.
Noticias relacionadas
Luego del último trámite realizado por la Autoridad General Tributaria, cuando la investigación inicial es entregada al promotor de la acción disciplinaria, Tendré que hacer una prueba práctica (llamar a García Cerdá y a los demás implicados para declarar los documentos) y finalmente propondrá la sanción o cerrará el caso.
Pero las diferencias entre este fiscal y el light son mucho mayores en este caso. También les impactó ‘Púnica’, de donde tanto García Cerdá como Teresa Gálvez optaron por no firmar el informe de la pieza número 9 -sobre la supuesta ‘caja b’ del PP de Madrid–, en el que se proponía ser liberado a los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Sólo si ingresó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.