domingo, mayo 19

El PSOE pretende devolver el choque con el CGPJ entre las críticas de Ribera a García-Castellón: «No se le entendió»

Los esfuerzos del Gobierno y, más concretamente, del Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por posturas acercar con el poder judicial si se diluyeron estos viernes. Las acusaciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, contra el partido García-Castellón al señalar su «cierta querencia»; A pronunciar “en momentos políticos sensatos”” -por su último auto en el que reforzó la acusación de terrorismo contra Carles Puigdemont- provocó la censura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto conservadores como progresistas interpretaron las manifestaciones de Ribera como un ataque a la independencia judicial. Los socialistas se mostraron fascinados este sábado al rebajar el nuevo choque con el poder judicial al insistir en el «máximo respeto»; a decisiones judiciales.

Moncloa ya se ha apresurado a responder a estas palabras de Ribera en una entrevista en TVE para trasladar el mensaje de que siempre «defenderá a los jueces y magistrados de cualquier tarea en su trabajo”. En el marco de la convención política del PSOE que se celebra este fin de semana en La Coruña, varios miembros del Gobierno y responsables del partido han repetido estas posiciones en un intento de restablecer el choque con el poder judicial. “Máximo respeto al resto de granjas”, afirmó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría. Al mismo tiempo, tuve valor en la separación de poderes y, aunque evité censurar las palabras de su socio en el Consejo de Ministros, tildaba lo que es “fundamental”; respecto a la independencia judicial: “Desde el PSOE y desde el Gobierno de España lo tenemos claro”.

Alegría le preguntó directamente si consideraba un malentendido las declaraciones de la vicepresidenta tercera, que ella misma no aclaró desviaba el foco hacia el PP. «Ha suspendido en este asunto al PP», respecto a su intención de «controlar» el CGPJ o su supuesto fracaso en separar posesiones al considerar «ilegítimo» al Gobierno. También «para cuestionar la legitimidad constitucional» o por las informaciones que está conociendo estos días sobre la Operación Cataluña y «cómo utilizar recursos del Estado» al margen de la ley para espiar a los líderes independentistas.

Según Alegría, el vicepresidente tercero “pretendía plasmar la misma postura que decíamos desde el Gobierno. Podemos saborear más o menos algún tipo de resolución legal, pero la Prevalece el respeto por el encima de todo». Su propia alegría se manifestó en estos términos cuando, en plenas negociaciones con los independentistas para la inversión, García-Castellón implicó al expresidente Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por terrorismo en las causas del tsunami. Precisamente, esta semana Junts y ERC presentaron tareas a la amnistía para incluir el terrorismo en el ámbito de la amnistía, a lo que los socialistas se oponen. El PSOE defiende que este extremo puede poner en peligro el establecimiento de la norma, como había sugerido durante el proceso de negociación.

El mensaje que repiten los dirigentes del PSOE es el “máximo respeto a poder Judicial”, sin preguntas directamente a Ribera. El presidente del Congreso, Patxi López, admitió ante las preguntas de los periodistas que «si me preguntaron (por las declaraciones de la vicepresidenta) es porque algunas personas que no tienen un buen entendimiento». Fuentes de Moncloa aseguran a estas calles que «la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo depende del recurso ante la Audiencia Nacional»; para concluir “este debate jurídico lo resolverán los órganos judiciales”. De esta forma, las mismas fuentes afirman que «el Gobierno obviamente respetará la decisión final que se adopte».

‘Ley’

Los pasos de Moncloa para intentar mitigar la tensión con el poder judicial, tanto por la amnistía como por incluir el concepto de «lawfare» y sus amigos de los independentistas, ha sufrido un revés que el Gobierno espera superar con otros gestos. La principal, su oposición al Congreso del juego que propondrá independentistas en las comisiones de investigación de la «ley».

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Se espera que tanto ERC como Junts citen en las comisiones la Operación Cataluña y Pegasus a jueces, pero no tenderán a conseguir suficientes votos. Aunque estas comisiones forman parte del sentimiento inversor del PSOE y de los partidos independentistas, la lista de comparadores estaba a la espera de negociar. No es negociable que el gobierno compare títulos para garantizar la separación de posesiones y la independencia judicial. También por defender a los jueces de los ataques recibidos por las formaciones soberanistas, como comprometió el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

La lista de comparadores es crucial para abordar el trabajo de investigación y Dirigir las conclusiones. El Ejecutivo quiere desviar el foco de la judicatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha decidido abandonar el fuego para asociar el concepto de «ley» al PP en varias entrevistas. Por un lado, vincularlo al uso popular de la Policía para perseguir a rivales políticos, en referencia a la ‘Operación Kitchen’ (de aquella parte como ramificación de la ‘Operación Cataluña’). Por otro lado, argumentar que «no hay caso más paradigmático que el ‘lawfare’ y… politización de la justicia» que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).