miércoles, abril 24

Feijóo mantendrá el bloqueo judicial, por Ernesto Ekaizer

Hay una noticia que el candidato Alberto Núñez Feijóo ofreció en la sesión de investidura. Sí, una noticia. ¿Cuál? Fue cuando, algo más de 30 minutos después de empezar, tras explicar que quiere «gobernar velando por la independencia de las instituciones», entre las cuales citó al «Centro NacionaI de Inteligencia (CNI)», y llegado a la página 16 de su discurso, habló del Consejo General del Poder Judicial. «Y, por descontado, no quiero controlar la Justicia. Yo no. Por eso propongo: aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se registra en esta cámara una ley de reforma del modelo de elección». Aunque en el texto no figura, añadió verbalmente: «Que los jueces elijan a los jueces». 

Aun en el caso de que Feijóo llegase a ser presidente de Gobierno, su propuesta así planteada es irrealizable. La aprobación de un nuevo sistema de elección exige tiempo de tramitación y su puesta en práctica –que las asociaciones de los jueces propongan sus candidatos a jueces y magistrados de todo el país para que estos a su vez procedan a elegirlos– llevaría largos meses si no un año entero hasta que los nuevos vocales –son 20 más el presidente– ocupen sus puestos. Pero el problema ahora, si se llega a formar un Gobierno, es la política de Feijóo como jefe de la oposición –acaba de ser «investido» como líder máximo del Partido Popular, de eso iba, en realidad, su peculiar antiinvestidura–, a saber; su propósito de continuar con el bloqueo de la renovación del CGPJ

Este próximo lunes, día 2 de octubre, el Tribunal Constitucional desestimará, con toda probabilidad, los recursos de PP y Vox contra la ley vigente que prohibió a un CGPJ en funciones seguir haciendo nombramientos de jueces y magistrados, aplicando la misma norma constitucional que se aplica a un gobierno o presidente en funciones y a un poder legislativo entre dos elecciones generales, según la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer

Este CGPJ liderado por Lesmes –dimitido en 2022– nombró cuando no podía hacerlo –por estar caducado– nombramientos de presidentes de 17 Tribunales Superiores de Justicia caducados, de 50 los provinciales y docenas de magistrados del Tribunal Supremo. Con la ley vigente, pues, se limitó lo que ya estaba hecho. Y no pudo seguir su política de diseñar una judicatura a imagen y semejanza de la mayoría conservadora de un CGPJ elegido en diciembre de 2013 por cinco años y que ya lleva casi diez años. 

La respuesta de Pedro Sánchez

Pero la estrategia expuesta por Feijóo de seguir bloqueando la renovación requerirá una respuesta en el caso de que Pedro Sánchez sea investido presidente y consiga, pues, formar un Gobierno de coalición. Porque la política del PP no es pacífica. A diferencia de su antecesor Rafael Mozo, el nuevo presidente en funciones simplemente por ser el de mayor edad, Vicente Guilarte, se cree un Carlos Lesmes. Su ataque al Tribunal Constitucional y a su presidente el domingo 24 de septiembre, casualmente el mismo día en que José María Aznar, basó sus intervenciones durante la campaña electoral en bombardear al TC sin complejos: «El mensaje que el TC está dando a la ciudadanía, donde permanentemente toda cuestión con una cierta relevancia política se soluciona con una división de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, es un mensaje demoledor. Un jurista de la talla de quien lo preside [Cándido Conde-Pumpido] debería asumir que hay que cambiarlo. Deberían buscarse fórmulas para evitarlo, porque el 7-4 hace bastante daño a la credibilidad del órgano y del sistema». 

Un hombre como Guilarte, que ha participado del rodillo de impulsado por Lesmes en el CGPJ entre 2013 y 2022, ha descubierto ahora la división existente. Y a tono con el acto-concentración del PP atacó ese mismo día la amnistía: «La amnistía política que se plantea es ajena al interés general». Guilarte, letrado-director hasta julio pasado de la Asesoría Jurídica de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, forma desde el 19 de julio el vértice de la troika de los hombres fuertes del supercaducado CGPJ, a la que se suma José María Mario Macias ( socio del bufete Cuatrecases Gonçalves Pereira desde 2005) y Enrique Lucas (director de la oficina de Bilbao del bufete Gómez-Acebo & Pombo).

El próximo lunes 2 de octubre, los vocales o vestigios del CGPJ de 2013 sabrán algo que ya se esperaban y es que el TC no les «devolverá» la potestad de continuar haciendo nombramientos. En realidad, el verbo devolver es inapropiado. Porque es un CGPJ caducado al que se le había prohibido por estar en funciones ejercer esa potestad. Que utilizaron durante casi dos años y medio –hasta que se les impidió– sin plantearse problemas de conciencia. Todos esos nombramientos, más de un centenar, deberían ser impugnados.  

En fuentes del Gobierno en funciones ya se asume que si hay nuevo Gobierno y Feijóo cumple su palabra de seguir bloqueando la renovación hasta la instauración de un nuevo sistema de elección –la elección de los 12 jueces del CGPJ por los jueces a través de los candidatos que presenten las asociaciones– será necesario recuperar una proposición de ley orgánica del Poder Judicial, retirada más tarde del Congreso, por la cual los 12 jueces que deben formar parte del CGPJ podrían ser elegidos sin necesidad de respetar la mayoría reforzada de 3/5 de la cámara establecidos en LOPJ vigente. Eso supondría la renovación parcial del CGPJ. 

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Quedarían pendientes los ocho juristas (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) porque a diferencia de los 12 jueces es la Constitución la que establece el acuerdo de 3/5. Por tanto, no se puede modificar a menos que se reforme la Constitución. Pero, al menos, la renovación de 12 vocales supondría un paso adelante en la recuperación y no sería descartable que si eso se logra, la resistencia para el nombramiento de los ocho juristas perderá terreno.  

Feijóo no parece dispuesto a abandonar la utilización del poder judicial y este tampoco parece desinteresado en socavar a un nuevo Gobierno Sánchez, caso de formarse, como ya lo ha hecho con el anterior, desde la trinchera de los tribunales de justicia (o injusticia, según se mire).