Los ciudadanos merecemos resoluciones judiciales en tiempos razonables. De lo contrario se incurre en una vulneración de nuestros derechos. Lo sentenció de forma tajante la pasada primavera el Tribunal Constitucional que tampoco destaca por su celeridad pero cuya voz es la que marca el paso legal del país. Oficializó así aquella máxima que dice que una justicia lenta deja de ser justa.
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