El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ha dejado dejado pasar ni un día para responder a las autoridades suizas, a las que reprocha «sesgo político» por las dudas que le plantearon para decidir si dan trámite o no a la comisión rogatoria que les dirigió en noviembre. También les advierte de que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar una solicitud de asistencia judicial por motivos políticos cuando se trata de delitos de terrorismo, como ocurre en la causa que instruye por las convocatorias de Tsunami Democràtic.
En su auto el juez afirma que desde que cursó la comisión rogatoria pidió una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente para aclarar las cuestiones relativas al auxilio judicial. No obstante, no ha obtenido respuesta. Las autoridades suizas contestaron a la propia petición de colaboración judicial el pasado 22 de diciembre, aunque la fecha que consta de entrada en el Ministerio de Justicia español es del día 29 de ese mes. La respuesta no llegó al Juzgado Central de Instrucción número 6 hasta este martes, después de publicarse en dos medios, motivo por el que el juez ha abierto una investigación para determinar el origen de lo que considera una filtración.
En su auto, el juez considera especialmente “llamativa” las «explicaciones» que le pide la comunicación suiza sobre las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic y, en concreto, con la imputada Marta Rovira, secretaria general de ERC. El juez recuerda que en España y las democracias de la Unión Europea la función de los jueces “es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, y el poder judicial es independiente del legislativo y el ejecutivo, por lo que no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.
Por eso, muestra extrañez por que las autoridades de la Confederación Helvética le insten a dar “explicaciones” sobre una ley que “se está preparando” de la que la autoridad de ejecución ha tenido conocimiento “por la prensa”, lo que rechaza al considerarlo «manifiestamente inadmisible”.
Subraya que no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite y que “tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada”.
Incongruencia
[–>
Para el magistrado, “debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes».
«Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación. Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna”, afirma.
En cuanto a la petición de localización de Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial y no a la policial, porque se trata de información que afecta a un derecho fundamental, por lo que entiende necesario el instrumento que ofrece mayor garantía. Recuerda que la secretaria general de ERC se ha negado a facilitar su paradero, aunque se ha personado en el procedimiento.
Lo que sí explica el juez es por qué se fija hasta junio de 2020, cuando las acciones de protesta de Tsunami se produjeron en torno al 14 de octubre de 2019, que es cuando se conoció la sentencia del ‘procés’. En este sentido el juez dice que es «la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democràtic».
Añade que su actuación «no se circunscribe a un solo acto, como se describe en la comisión rogatoria remitida, sino que abraza diversas acciones, que se ven interrumpidas por la crisis sanitaria de principios de 2020, y que tratan de reactivarse, sin éxito, a mediados del año».