El Gobierno y la Generalitat han desencallado dos de las cuatro cesiones de obras que pactaron el año pasado los republicanos a cambio de su sí a los presupuestos generales del Estado: la de las actuaciones de mejora en la N-2 a su paso por el Maresme, que supondrá el traspaso de 386 millones, y el de los dos intercambiadores ferroviarios del Vallès, que significan 20 millones más. La consellera de Territori, Ester Capella, ha hecho público que los convenios se firmarán en los próximos días porque este viernes se acordó con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el redactado, anuncio que ha hecho desde Mataró en presencia del secretario general de infraestructuras, Xavier Flores. En total, significan la transferencia de 406 millones de los 914 que se acordaron.
Capella ha reivindicado que las obras de la N-2 se centrarán en «pacificar» esta carretera reduciendo carriles y vehículos para que ejerza de «eje cívico» y «recosa» los municipios del Maresme, una reivindicación territorial histórica. La otra ‘encomienda’ encarrilada son los dos intercambiadores entre las estaciones de Ferrocarriles de la Generalitat de Hospital General y Volpelleres y las de Adif de Rubí y Sant Cugat. «Se trata de dos actuaciones que favorecerán la red de ferrocarriles y Rodalies«, ha defendido la consellera, que previamente y aprovechando la conmemoración del 175 aniversario del primer tren del estado, el Barcelona-Mataró, ha criticado el «caos» del servicio.
El anuncio de la consellera se ha producido en paralelo a la advertencia que ha lanzado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz precisamente sobre el traspaso del servicio ferroviario y la financiación. Si quieren que haya investidura, ha avisado, deberán «moverse» con estas dos carpetas en lugar de priorizar «reparto de ministerios, sillas y sueldos». Esta semana, el president Pere Aragonès ha hecho hincapié en que, más allá de la ley de amnistía, estas dos cuestiones no avanzan en las negociaciones. Y también Capella fue, antes del acuerdo sobre la cesión de estas obras, una voz crítica en el Parlament con el acuerdo de coalición presentado por el PSOE y Sumar: «Ellos anuncian, nosotros pagamos».
El convenio de la B-40, pendiente
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Más allá de las cesiones de estas dos obras que ha celebrado Capella, quedan otras dos: 260 millones para actuaciones de mejora de la N-260 y 250 millones para la mejora de los accesos de la AP-2 y la AP-7. De hecho, el protocolo para los cuatro convenios se firmaron el pasado mes de julio junto al de la B-40 entre Sabadell y Terrassa, cuyo convenio forma parte del acuerdo de presupuestos que firmaron ERC y el PSC y que se estableció que se culminara en cuatro meses, es decir, como muy tarde este mes de noviembre.
Esta promesa continua pendiente pese a que socialistas y republicanos pactaron que el convenio estuviera rubricado antes del pasado 31 de marzo y es uno de los incumplimientos que siguen reprochando los de Salvador Illa al Govern, un compromiso que los republicanos acabaron asumiendo a regañadientes y que genera rechazo territorial en sus filas. Hasta tal punto, que el ejecutivo de Aragonès no aclara cuántos carriles debe tener -los socialistas exigen que sea de alta capacidad-. De hecho, este mismo fin de semana hay convocada una nueva protesta de las plataformas contrarias a la Ronda Nord y el cuarto cinturón.