sábado, abril 13

La jueza archiva la causa contra Colau por la suspensión de relaciones con Israel

 La jueza ha archivado la causa que abrió a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau tras dos denuncias que la acusaban de delitos de odio y prevaricación para suspender las relaciones del Ayuntamiento con Israel, el pasado mes de febrero, en protesta por su política con Palestina.

La titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona descarta que el decreto de Colau supusiera una «incitación directa o indirecta al odio» contra el pueblo israelí y que la exalcaldesa no tuviera competencias para acordar la suspensión de relaciones con Israel.

La investigación se deriva de una querella presentada por los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grases y de una denuncia de Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio (ACOM), después de que Colau decretara la suspensión temporal de relaciones con Tel Aviv y del hermanamiento con las ciudades de Tel Aviv y Gaza, que la exalcalde Joan Clos aprobó el 1998.

Descarta «delito de odio»

Los denunciantes mantenían que Colau había incurrido en un delito de odio en la carta que dirigió al primer ministro israelí y la embajada de Israel exponiendo que el Ayuntamiento suspendía temporalmente las relaciones con el país por la política de anexión de territorios y la violación de derechos humanos contra la población palestina.

Aun así, la magistrada considera que, «sea políticamente oportuna o no la comunicación a las autoridades israelíes en relación con el conflicto con Palestina», se trata de «consideraciones» en relación con Israel y sus instituciones oficiales que no encajan en el delito de odio.

En relación a la carencia de competencias que esgrimían las denuncias, la instructora recuerda que el hermanamiento con Tel Aviv y Gaza fue acordado por otro alcalde, el socialista Joan Clos, «en el marco de cooperación propiciado por los acuerdos de paz de Oslo» entre Israel y la OLP.

«Una cuestión de carácter político»

En estas relaciones de cooperación entre las dos ciudades ha intervenido el alcalde en representación de Barcelona, señala la magistrada, que concluye que la decisión de Colau es «una cuestión de carácter político que habrá que valorar a través de los mecanismos propios de la actividad municipal«.

En todo caso, apunta la interlocutora, esta cuestión se tendría que dirimir en el marco de un procedimiento administrativo que resuelva si el decreto de suspensión de relaciones con Israel «entra dentro de las competencias que otorga al alcalde la Carta Municipal de Barcelona».

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Así mismo, la magistrada advierte a los denunciantes que no han alegado los motivos por los cuales la decisión de la alcaldesa se tendría que haber sometido al pleno del Ayuntamiento, otra de las razones en que basaban su acusación de prevaricación contra Ada Colau. El pasado mes de septiembre, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmó un decreto para restablecer las relaciones del consistorio con Israel.

La querella por la suspensión de relaciones con Israel supuso la quinta investigación penal que se abría a Colau por hechos vinculados a su mandato: dos por presionar supuestamente a fondos de inversión para que destinaran sus viviendas a alquiler social, una por la presunta concesión arbitraria de subvenciones a entidades afines y otra para proyectar las «superilles» en el Eixample de la capital catalana.