sábado, abril 13

La justicia abre la puerta a «múltiples investigaciones» a raíz de las pesquisas al despacho fundado por Montoro

La investigación realizada bajo secreto por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, para determinar si el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro uso sus «influencias» en Hacienda para beneficiar a sus clientes siempre ha contado con el respaldo de la Audiencia Provincial de Tarragona. En uno de sus autos da cuenta de la «extrema complejidad» que pesenta la causa, del «ingente y complejo material incautado» a finales de 2021, para anunciar la alta probabilidad que a su juicio existe de que se convierta en «origen de múltiples investigaciones derivadas» de ella.

El propio procedimiento abierto en julio de 2018 sobre la presunta utilización del Ministerio de Hacienda con fines que cuando menos no se corresponden con el interés público que se le presume se inició a raíz del hallazgo casual en 2017 de unos mails fechados en 2013, con los que el juez entendió necesario investigar si existía «una trama u organización cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)».

Para ello, según las resoluciones consultadas, AGGIM habría contratado a Equipo Económico, antes Montoro Asociados y desde 2016 Global Afteli, pero que en cuya web sigue llamándose con la primera denominación. El auto al que ha tenido acceso esta redacción precisa que se trata de «sociedades cuyos miembros vendrían desempeñando cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y Autonómicas, creando una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtención de beneficios» para sus clientes.

Imputados

En otra resolución de diciembre de 2022, a la que también ha accedido esta redacción, la Audiencia rechaza el recurso presentado por el fiscal contra la prórroga del secreto de las actuaciones, que se habían mantenido en sigilo desde que se abrieron las diligencias en julio de 2018 y tras imputar a cuatro personas en diciembre de 2021. Precisamente en este punto el tribunal aprovecha para dar un tirón de orejas al ministerio público al decirle que «no alcanza a entender el motivo» por el que si los imputados eran sospechosos desde el inicio de las pesquisas, como argumenta, «la fiscalía no interesó la correspondiente imputación en momentos anteriores».

El tribunal responde con la «extrema complejidad» que presenta el procedimiento no solo «desde el punto de vista técnico jurídico, sino también y previamente investigativo, a la vista de la naturaleza de los hechos investigados, sus múltiples derivaciones, la dificultosa ramificación de las pesquisas, los muchos implicados, las complicadas formas operar, los métodos subrepticios y los mecanismos de protección» utilizados por «quien presuntamente comete un ilícito penal tratando de asegurar su impunidad».

A ello, la Audiencia suma que aún falta «una contundente labor de análisis del ingente y complejo material incautado» un año antes, que «de hecho puede ser el origen de múltiples investigaciones derivadas«, advierte la resolución. Además de la documentación intervenida de forma casual en una entrada y registro realizada en la sede de la empresa Messer Ibérica de Gases, en la localidad de Vila-seca, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han realizado una serie de requerimientos que han contribuido a aumentar la documentación a analizar.

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Entre ella figuran correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria mientras Montoro estaba al frente de Hacienda en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas. En su caso, según las distintas fuentes consultadas por esta redacción, no tanto para beneficiarles, sino más bien perjudicarles, según las diversas fuentes consultadas por este diario y los documentos a los que hemos tenido acceso.

La instrucción del procedimiento ha sido azarosa. Tanto que la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, tuvo que plantear un artículo 27 del Estatuto Fiscal para dejar patente su desacuerdo con la orden dada por su superior, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, de no practicar ciertas diligencias en el procedimiento en relación con los correos electrónicos intervenidos y que ella entendía necesarias. Sometido el asunto a la junta de fiscales, 19 de sus miembros apoyaron a Luzón y cinco a García Cerdá.