La lista de agravios del nacionalismo y del catalanismo respecto al Estado se ha basado siempre en cuatro grandes cuestiones: la financiación de Catalunya; la lengua, cultura y proyección exterior catalanas; las infraestructuras; y los choques con el Estado respecto a las competencias en ámbitos que van des de la atención a la dependencia hasta la gestión de las becas universitarias. En 2015 el Govern de Artur Mas publicó una recopilación de agravios llamada ‘Crónica de una ofensiva premeditada’, título que ilustra la percepción del nacionalismo sobre la actitud del Estado respecto a Catalunya. La carpeta de agravios se ha ido incrementando a medida que el ‘procés’ entraba en ebullición, y cuestiones como los constantes fallos en la red ferroviaria de Cercanías o la falta de concreción en la defensa de la inmersión lingüística del catalán han sido algunos de los elementos que más fricción han causado.
Financiación
El ‘expresident’ Jordi Pujol siempre lo niega, pero una parte del catalanismo se pregunta siempre por qué Convergència no exigió el mismo modelo que el País Vasco en las negociaciones de los estatutos de autonomía tras la Transición. Es decir, por qué no consiguió el cupo vasco (el modelo por el que la comunidad autónoma vasca recauda todos los impuestos y transfiere anualmente una cantidad al Estado para contribuir a las arcas generales). El caso es que desde ese momento, los diferentes gobiernos nacionalistas y también el socialista Pasqual Maragall reclamaron una mejora de la financiación de Catalunya. El PP catalán lo ha llegado incluso a plantear y a ofrecer alguna alternativa. La concreción de esta exigencia son las balanzas fiscales, es decir, el cálculo de la diferencia entre lo que aporta y recibe Catalunya respecto al Estado. En 2005, en virtud de los pactos entre el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el nacionalismo catalán se publicaron por parte del Estado estas balanzas fiscales. El resultado fue de 11.143 millones de déficit en Catalunya. El pasado año el Govern calculó en 20.200 millones el montante de estas balanzas, es decir, del déficit fiscal.
Las infraestructuras
En este capítulo merece comentario especial el corredor mediterráneo. El catalanismo, de la mano de los empresarios, ha presionado reiteradamente con cumbres y manifiestos para que se ejecute la reforma que permita una mayor agilidad de transporte de mercancías mediante una interconexión de tren, puerto, aeropuerto y las áreas de actividad económica. Es una reclamación que la Comunidad Valenciana e incluso Murcia y Andalucía han reclamado de la mano de las autoridades catalanas.
Pero es mucho más acuciante y aguda la exigencia ciudadana y política de poner al día la red de Rodalies. Al respecto, el independentismo reclama la gestión total de la infraestructura (ahora dispone de competencias limitadas) con una financiación adecuada. El Gobierno sostiene que ha puesto las bases para mejorar este déficit que se hace evidente periódicamente cada vez que surgen problemas en la infraestructura que afectan a miles de usuarios de Barcelona y su entorno.
También es una vieja reivindicación que el aeropuerto de El Prat lo gestione la Generalitat, así como asumir plenamente los puertos de Barcelona y Tarragona (ahora participan en la gestión ambas administraciones).
Las inversiones
Aquí hay que hacer referencia a la Disposición Adicional Tercera del Estatut pactado con el Estado (y luego cercenado por el Tribunal Constitucional) por la cual el Estado ha de inyectar en Catalunya el dinero equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto del Estado. Esa disposición solo se ha cumplido, con cifras cercanas al PIB catalán, en los años 2007, 2008 y 2009. Además, el soberanismo reclama que se abonen 759 millones pendientes, del ejercicio 2008, y que el Supremo confirmó que el Estado debe a la Generalitat. En todo caso, el Tribunal Constitucional sostuvo tras el pacto estatutario que no se podía exigir al Estado fijar esta inversión anual. Junts denuncia que en estos años de Gobierno del PSOE con el apoyo de ERC tampoco se ha cumplido con cifras cercanas al PIB y que la ejecución final ha sido todavía menor. En concreto, en 2021 fue del 27% frente al 112% de la Comunidad de Madrid.
El catalán
Si hay una carpeta que, como la financiación, sigue abierta entre la Generalitat y el Estado, es la de la lengua. En dos frentes: el educativo y el de la protección y proyección exterior. En cuanto a la llamada inmersión lingüística, lo más reciente es un acuerdo de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo del PSOE y el Govern de ERC y Junts (sin presencia de ‘consellers’ de Jxcat) por el que se defiende el modelo educativo vigente. Con todo, el TSJC ha seguido resolviendo en favor del derecho de las familias a un mayor número de asignaturas en castellano. Y la exigencia independentista es la de que se blinde esta inmersión.
El otro frente es el de la proyección exterior del catalán. Y también es una batalla larga. Por ejemplo, en defensa de su uso en las Cortes generales -solo en el Senado ha habido avances parciales y promesas de ampliarlos- y en las instituciones europeas. A esto último se comprometió el Gobierno en esa reunión de la mesa de diálogo. Al respecto, sin embargo, no ha habido avances.
Las competencias
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El Govern reclama que se ejecuten resoluciones judiciales como la que garantiza que las becas universitarias las debe gestionar la Generalitat. También exige una financiación adecuada para aplicar la ley de dependencia y denuncia invasión de competencias en otras leyes. El Ejecutivo catalán exige también unificar criterios sobre dos prestaciones similares para situaciones de pobreza: el Ingreso Mínimo Vital que ofrece el Gobierno y la Renta Mínima de la Generalitat.
Añádase a estas reclamaciones las de gestionar la ciberseguridad, la inversión suficiente en políticas activas de empleo, el retorno de los llamados papeles de Salamanca o el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales, entre otros.