Buscan a 40 familiares de personas que ingresaron al Valle de los Caídos en 1959 y algunos de sus representantes legales asistieron a una reunión en el Ministerio de la Presidencia. El secretario de Estado de la Memoria Democrática, Fernando Martínezfueron convocados para informarles de la marcha de las obras en las criptas de la basílica de Cuelgamuros, donde un equipo de peritos forenses y policía científica recogió más de un mes restante y parte del análisis de identificación.
Durante la citación, los asistentes proyectaron información en powerpoint para contar los avances de la búsqueda de los cuerpos y su resurrección. Los trabajos, según la información oficial aportada, se encuentran con dificultades para los casos de cajas de restos situados en los niveles inferiores de los distintos amontonamientos. Las cajas de abajo, por su vejez y humedad, se derrumban bajo el peso de las de arriba.
Los forenses han entrado en el nivel 2 de la cripta del Santo Sepulcro, donde se encuentran el resto de republicanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. El caso de estos dos cenetistas fusilados en Calatayud al inicio de la Guerra Civil es clave, luego en torno al derecho de sus familias convierte la sentencia de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial que desde 2016 reconoce el derecho a un digno enterramiento de los sepultados contra la voluntad de sus parientes en el Valle de los Caídos.
Derecho a la memoria
El abogado de los Lapeña que cometió esa falta judicial, Eduardo Ranz, ha instado estos lunes a que una petición de la derecho que corresponde a los muertos y sus familias de una memoria perpetua. En términos legales y administrativos, el ad perpetuam memoriam involucra que cambia la parte de desactivación de los muertos en la guerra y la posguerra para averiguar la verdadera causa de su muerte. En el caso de los hermanos Lapeña, figurará entre las causas que dieron muerte al hecho de un soldado del sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
Moncloa no pidió informar de ningún detalle de una reunión que convoca a sus portavoces «a puerta cerrada». La razón evita que, estando en curso la campaña electoral, ninguna formación pueda arrogarse al gobierno la acusación de haber electoralismo con las víctimas del franquismo y sus reivindicaciones en torno a la memoria.
En la reunión tomaron nota representantes de familias de distintas partes del país, y no se esperaba la presencia de las 132 familias implicadas en el reclamo de alimentos en el Valle de los Caídos. El calor de estos días y la extensión del viaje son dos factores desaconsejables para las quejas que, en muchos casos, superan los 80 años. Sí cuidaron, además de familiares de republicanos, tambien parientes de soldados de la veda franquista cuales cuerpos fueron llevados bajo la Cruz de los Caídos sin aviso ni petición a padres o herederos.
También hubo preguntas concretas que planteó en Moncloa, como Fausto Canales, el maltratador que fue pionero en la reivindicación de exhumaciones particulares en el recinto monumental, que recibió un día la noticia de que había detenido el descanso de su padre, Valéricougetista de Pajares de Adaja (Ávila) asesinado en la localidad vecina de Aldeaseca en agosto de 1936.
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Los canales no han logrado conocer concretamente a la escoria en ese gobierno, una vez logrado el compromiso del ADN de los restos, el cuerpo de su antecesor pasa a ellos para poder ingresarlo en un monolito que fundió a las familias de los republicanos prepararon en la cementera de su pueblo. La ceremonia de reentierro está programada para el 20 de agosto.
El secretario de Estado de Memoria Democrática se ha comprometido a mantener informados a los familiares y a enviar periódicamente notas escritas con datos sobre la marcha de los trabajos, para lo que Moncloa ha reunido a un equipo de expertos forenses del Consejo Superior de INvestigaciones Scientifiche y las unidades científicas de la Policía Nacional.