lunes, junio 17

PSOE y Sumar resuelven los choques de la pasada legislatura: mordaza, alquileres y despidos

En la pasada legislatura, rara era la semana en la que el PSOE y Unidas Podemos no chocaban. Y en cada una de aquellas batallas, socialistas y morados apelaban, como si de un texto sagrado se tratase, al ‘Acuerdo de coalición progresista’ firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aquellas 50 páginas servían de munición a unos y otros para argumentar su posición. Algo que no hacía más fácil resolver los conflictos que durante tres años han asediado a la coalición en la aprobación de leyes. Sánchez y, en este caso, Yolanda Díaz parecen haber aprendido algo de la experiencia pasada y en el pacto que cerraron este martes han resuelto alguno de los grandes choques de la legislatura.

A comienzo de 2020, cuando el Ejecutivo echó a andar, querían sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley ‘Mordaza’, por otra norma que vería «la luz a la mayor brevedad». La norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy sigue hoy vigente. En marzo de este año, con un acuerdo para reformar gran parte del texto, ERC y Bildu se opusieron porque no se regulaba el uso de pelotas de goma. Podemos les dio la razón y cargó contra el PSOE.

Ahora, Sánchez y Díaz han acordado acotar esta reforma a los entendimientos que se alcanzaron hace siete meses, reformar los aspectos relativos al «derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes». La líder de Sumar renuncia así a los avances que exigían los morados.

Los alquileres turísticos

En la que fue una de las batallas de la legislatura, la ley de Vivienda, Unidas Podemos exigió, durante la tramitación parlamentaria, que se regulara el uso de los alquileres turísticos. El PSOE se negó en rotundo y la norma acabó saliendo adelante, tras tres años de tiras y aflojas, sin hacer mención a este tipo de alquileres. Ahora, los socialistas han aceptado en el acuerdo revisar «la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas». No supone nada concreto, pero sí una cesión a la que se podrá agarrar Díaz llegado el momento.

El proyecto de ley de Familias, impulsada por la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, no llegó a ver la luz. Decayó por culpa de la repetición electoral. Sin embargo, el Ejecutivo sí que aprobó tres permisos que se incluían en la norma. Uno de ellos era el permiso parental de ocho semanas, que Podemos quería que fuera retribuido para cumplir con una directiva europea y que finalmente salió adelante sin financiación alguna ante las reticencias socialistas. En el actual pacto, el PSOE acepta «remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024″.

A comienzos del mayo pasado, Sánchez anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalaría a jóvenes el 20% del coste de comprar una vivienda. Podemos puso el grito en el cielo y dijeron no compartir esta medida por ser más propia del PP o de Vox, que de un partido progresista. Lo mismo hicieron el resto de socios del Ejecutivo. Ahora, la cosa ha cambiado. «Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca», es la redacción del acuerdo cerrado este martes.

El sistema nacional de salud

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Desde el verano pasado se estaba tramitando en el Congreso la conocida como ‘ley Darias’, por la exministra de Sanidad Carolina Darias, que apuntaba a la consolidación de la «equidaduniversalidad cohesión del Sistema Nacional de Salud«. La norma, que no terminó de ser aprobada, generó roces con Unidas Podemos hace meses ya que los morados denunciaban que el texto no permitía poner freno a la privatización de servicios que se inició durante el gobierno de José María Aznar. Esas reticencias se acabaron. Díaz ha acordado culminar con la aprobación de esa ley «que ya aprobó el Consejo de Ministros». Esta acotación, recogida en el pacto, es relevante, ya que dan a entender que será el texto original el que se impulse.

La derogación de la reforma laboral del PP fue otra de las crisis que empantanó la relación entre PSOE y Unidas Podemos. Aunque salió adelante un texto consensuado, los morados, al igual que otros socios, exigían elevar la indemnización por despido improcedente a 45 días. En el acuerdo no se contempla esto y solo se establece que en el Estatuto de los Trabajadores se establecerán «garantías para las personas trabajadoras frente al despido (…) reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral».