Agentes de la Policía Nacional fueron detenidos en Valencia por los seis directivos de dos empresas agrícolas para contratar trabajadores irregulares, obligados a trabajar más de 10 horas en situación precaria, sin contrato laboral ni alta seguridad social.
La policía ha identificado un total de de 34 víctimas de explotación laboral, la mayoría de origen paquistaní y en situación irregular en la Unión Europea, según informó el organismo político en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron hace un mes cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigata Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia tuvieron conocimiento de que el dueño de un negocio del sector agrícola se dedica supuestamente a tratar con Ciudadanos paquistaníes en situación irregular a quienes permitieron el paso a otras personas con autorización de residencia y trabajo.
Los agentes descubren que algunos de los implicados pertenecen a la misma familia y estaban formados por dos empresas de recolección agraria, donde ejercen funciones de administradores y apoderados.
En este contexto, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia en distintas parcelas agrícolas de la zona norte de la ciudad, para verificar la situación y condiciones de los trabajadores.
Las políticas verificaron que las embajadas comerciales supuestamente contrataban a personas ilegales, principalmente de nacionalidad paquistaní, para aprovecharse de sus condiciones precarias imponer condiciones de trabajo abusivas.
Los empleados fueron obligados a trabajar más de 10 horas al día por una remuneración inferior al salario mínimo estable, de la cual, además, Se descontó una dieta en «concepto de transporte». Asimismo, los trabajadores cuidan de la formación y material de trabajo necesario para su seguridad.
El dispositivo permitió identificar un total de 34 víctimas de explotación laboral, 29 de ellos en situación irregular que se preocupan por el contrato de trabajo y el alto nivel de seguridad social.
Los agentes comprobaron que uno de los sospechosos cargó el transporte de los empleados, cuidado del permiso para conducir y tiene uso del vehículo y de su carrocería.
La operación terminó con detención de los seis varones, cuatro de nacionalidad pakistaní e dos españolas, por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros. Además, dos de ellos fueron acusados de falsificación de documentos y usurpación del estado civil. En la investigación colaboraron agentes de la UCRIF de Albacete y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
