El resultado de la sesión de constitución de las Cortes Generales ha servido para ver las posibilidades de los dos candidatos que hasta ahora han expresado su voluntad de concurrir a una sesión de investidura. El ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, no ha conseguido otros apoyos para su candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, que los de UPN y Coalición Canaria. Ni siquiera Vox le ha dado sus votos después de ahuyentar a cualquier otro socio. Por el contrario, el candidato del PP para presidir el Senado, Pedro Rollán, ha salido elegido gracias a la mayoría absoluta de que disponen los populares en la cámara alta.
La nueva presidenta del Congreso será Francina Armengol, con una trayectoria contrastada que aúna una inquebrantable apuesta progresista y una sensibilidad por la pluralidad territorial de España eje de lo que podría ser esta legislatura si arranca. La apuesta de Pedro Sánchez ha contado con los votos del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, BNG y, esta es la novedad respecto a la legislatura anterior, de Junts bajo el mando de Carles Puigdemont. Lo ocurrido en esta elección se ajusta perfectamente a la legalidad vigente y no merece otra crítica que la que se deriva de la necesaria y sana controversia política. Lo de ayer indica que la legislatura tiene una posibilidad de seguir adelante que pasa, vista la imposibilidad de cualquier acercamiento entre PP y PSOE, por una suma de partidos en torno a la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, un camino tan legítimo como difícil y llamado en todo caso a la precariedad ya que no tendrá mayoría en el Senado ni el control de la mayoría de comunidades autónomas.
Este primer paso no prefigura nada más que la apertura de una negociación para la investidura en la que el PSOE deberá mesurar los temas a transaccionar con un elenco de interlocutores unidos por la defensa de una idea plural de España pero separados por amplias diferencias ideológicas. Las contraprestaciones dadas para la votación de este jueves son tan de sentido común que casi ni deberían ser recontadas. De la lectura abierta de la Constitución se desprende tanto la posibilidad de reclamar la protección de todas las lenguas cooficiales en las relaciones de los ciudadanos con la UE como su uso en el mismo Congreso, con espíritu pedagógico. El PSOE ya se había comprometido pero ahora, para vencer la desconfianza de Puigdemont, ha tenido que dejarlo por escrito en la UE.
Si Puigdemont sigue el camino de la negociación política, cosa que hay que saludar desde la óptica democrática, va a hacerlo siempre a cambio de «hechos comprobables». Quiere con ello desmarcarse del estilo negociador de Esquerra, su eterno rival. Pero lo sustantivo es que ha sido capaz de aplicar un principio de proporcionalidad a sus demandas que ha centrado más en las formas, ya que el fondo tiene el valor que tiene. Con todo, Sánchez no debería convertir una vez más su audacia en temeridad. Igual que en Catalunya no hay solución posible sin todo el independentismo, en España no hay reforma territorial viable sin todo el constitucionalismo. Es, ciertamente, una asignatura pendiente, pero no nos volvamos a equivocar: la Loapa se hizo sin CiU y el PNV y el Estatut del 2010, sin el PP. Como reclama el propio Puigdemont, este es un asunto de Estado. Un pacto de investidura puede impulsarlo pero no cerrarlo sin todos.