Si no fuera tan grave la espiral de acción/reacción en la que metieron el Gobierno y el juego de Manuel García-Castellón, parecería el argumento de una película de serie B, con guía inverosímil. Ésta es, sin embargo, la simple realidad que vivimos y que refleja la tarea de un magistrado de torpedear la posibilidad de amnistía a Carles Puigdemont –y a otros– acusando terrorismo, y la urgencia del proyecto de adaptar el proyecto de ley a las implementaciones de El objetivo es garantizar que el expresidente pueda volar a Cataluña libre de carga. Pero, lo que es aún más grave, lo que esta reunión también demuestra es la frágil salud democrática del país, con la hostilidad manifiesta que envuelve las relaciones entre el poder judicial, el ejecutivo y, ahora, también el poder legislativo. Porque es en este último poder, en el lugar donde reside la sobriedad popular, cuando el alcalde de diputados decide aprobar esta ley que dejará libre ejecución penal a quienes participen en el proceso para declarar unilateralmente la independencia y en molestarlos antes y después un eco de este tipo. El proyecto de ley tendrá que pasar por el Senado, con mayoría del PP, antes de regresar a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
Si es difícil aceptar que tengamos una ley a través de un puñado de personas para cambiar sus votos para preservar al Gobierno, no parece justificable seguir las instrucciones de un sumario, iniciado hace cuatro años y semiparalizado internamente, para impedir El propósito que buscan las amas de casa que salen a la luz. Es sorprendente exactamente cuando se veían así. García-Castellón quiere culpar de terrorismo a Puigdemont y Marta Rovira, Lo dijo cuando la plataforma Tsunami Democràtic ocupó las pistas del aeropuerto de Prato en octubre de 2019, nadie, después del partido, llevó a cabo una acción terrorista. Se trató de una acusación repentina, que llegó cuatro años después coincidiendo con las negociaciones del PSOE con Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Iguale coincidió con la elaboración del proyecto de ley en cada uno de los autos en los que el magistrado de la Audiencia Nacional sumaba cargos que, en verdad, no procedían ni de los investigadores ni de la fiscalía.
Esta intervención judicial y la presidencia de Junts y ERC para garantizar que se benefician de una negligencia criminal, obligó la semana pasada al Gobierno a incluir a un amigo que viene a decidir que hay terrorismo que viola los derechos humanos y otros que no. Un consenso que puede dificultar que el Tribunal Constitucional vea con claridad. Y esto es lo que somos, con una parte de los juegos que, sin desconcertarnos, nos opusimos al Ejecutivo mientras éste, con el mismo descargo, iba adaptando las normas legales al objetivo perseguido. Una situación difícil de tolerar, que aleja de la ciudad y genera desconfianza en las instituciones. Aunque tiene, sin duda, nuevos desavenencias en la aplicación de la amnistía, que debes responder estrictamente al criterio legal en la interpretación de la ley, unos y otros pueden decidir parar tus disputas y Aplicar a sus acciones más rigor y un poco de sosiego. Por favor.