El nuevo contrato minero evidencia el predominio de la colonialidad de la clase dominante
La frase lapidaria que pronunciara Mateo Iturralde, durante las negociaciones sobre las anualidades del Ferrocarril de Panamá a finales del siglo XIX, “Yo no vendo mi Patria” adquiere una vigencia extraordinaria en la crisis que actualmente estamos viviendo. Giambatista Vico afirmaba que la historia se repite en espiral y pareciera ser cierto. Nuevamente, proporciones guardadas, estamos frente a una situación que se bifurca entre los intereses patrióticos y los intereses particulares de la clase dominante. Esta última se distribuye, como lo ha hecho históricamente, a través de distintos partidos políticos, pero, al momento de los negocios, se sienta en la misma mesa.
Las manifestaciones y protestas que estamos viviendo frente al tristemente famoso Contrato Minero y las profundas aportaciones espontáneas y comprometidas de ciudadanos especializados en Derecho Internacional, en Historia, en Economía y en Ambiente, entre muchas otras disciplinas científicas, nos comprueban el patrón de colonialidad de la vieja y la nueva oligarquía, que con el nuevo contrato minero no ha podido ser más evidente. Omar Torrijos, lo advirtió en su modo folklórico de expresarse, cuando se refirió al riesgo de cambiar los amos blanquitos por los amos chocolates. Sin embargo, no le pusimos atención a la profundidad de ese mensaje.
Nos entusiasmamos tanto con la eliminación del enclave canalero, que nos olvidamos de las enseñanzas de Franz Fanon sobre la colonialidad o sea la penetración de la cultura del colono, asimilada por quienes vinieron a sustituirlos en el ejercicio del poder en la esfera nacional. La actual situación muestra que los amos chocolates son peores que los blanquitos. Por eso no nos debe extrañar que personas que estuvieron cerca de Torrijos y fueron líderes destacados del PRD, hoy actúan diametralmente opuestos tanto a su método, como en contra de los principios de un partido que se definió como Social Demócrata, ideología que niega con su práctica reciente.
El nuevo contrato minero evidencia el predominio de la colonialidad de la clase dominante, dispuesta a sacar ventajas particulares. No se trata sólo del gobierno actual, que no es más que el ejecutor de los poderes fácticos que lo sostienen y a los que sirve. Las contradicciones entre ambientalistas y mineros pasaron a un segundo plano. El entreguismo de derechos soberanos sobre tierras, agua y aire ha puesto de manifiesto que poco importa el país, cuando los intereses particulares están de por medio. Esto reviste de mayor gravedad cuando se sabe que los accionistas de la compañía First Quantum implica a tres gobiernos, lo cual es inaceptable para nuestra Constitución.
La apertura de un nuevo enclave colonial, la avidez por la riqueza contra toda consideración patriótica, los efectos ambientales aún no esclarecidos del todo y el descarado despojo de una compañía que ha seguido extrayendo y comerciando nuestros recursos minerales, desconociendo los fallos reiterados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre la inconstitucionalidad del Contrato firmado, así como la abierta parcialidad del gobierno, el apoyo de una Asamblea de Diputados cada vez más desprestigiada y la poca respuesta ante los problemas sociales de la ciudadanía panameña, han desencadenado la crisis que estamos viviendo.
A pesar de algunos hechos violentos, algunos espontáneos otros no tanto, la lección de civilidad, orden y disciplina que han demostrado las manifestaciones masivas, en la que los jóvenes han tenido un papel preponderante, nos están diciendo que hay que escuchar al pueblo, que no se puedo seguir gestionando el gobierno como el instrumento para el enriquecimiento de unos pocos, que todavía hay esperanza si retomamos el camino. A diferencia de experiencias anteriores, el movimiento actual ha superado las iniciativas y el liderazgo de las figuras tradicionales, tanto políticas, como gremiales y sindicales y, por su magnitud, contenido y civismo, no puede ser ignorado.
De no comprenderse el mensaje y continuar desconociendo el hartazgo de la ciudadanía, el cual ha desencadenado esta crisis, el asunto puede ser peor y no nos quejemos después de las consecuencias. Esta crisis es también una advertencia para los candidatos. La gente quiere respuestas de verdad a sus necesidades y está harta de la corrupción, del clientelismo, de la demagogia y el reparto de las riquezas de este país, entre la vieja y la nueva oligarquía, mientras las grandes necesidades sociales de la ciudadanía son atendidas con migajas. Sólo basta con ver el funcionamiento de los sistemas de salud, seguridad social, educación y trabajo para comprobarlo.
La autora es Ph.D. en Política Social.