Para describir a estudiantes de bachillerato la dimensión de la crueldad de la dictadura, Emilio Silva cuenta a su joven audiencia cómo fue la ejecución de Salvador Puig Antich. En esas charlas escolares “no omito detalle”, dice este investigador y activista, pionero en España de la memoria histórica.
Cincuenta años después de aquel estrangulamiento en la Cárcel Modelo de Barcelona, la rotura del pescuezo del último agarrotado de la historia de España ha devenido, más que en material de actividad extraescolar, en símbolo de asuntos históricos, políticos y judiciales que estrellan a este país con sus contradicciones.
La principal, la legal: cada dos de marzo es una regurgitación de un caso que ya no tiene más camino si no se modifica la Constitución. La actual interpretación del principio de irretroactividad normativa impide revisar un suceso, la muerte de un policía en el forcejeo y tiroteo de la detención de un anarquista armado, cuyos detalles se diluyen en la nebulosa de una instrucción sin garantías. El caso entró en la digestión de la ley de amnistía del 77 y hoy lo sepulta el silencio del Estado.
El muro de la ley
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Salvador Puig Antich fue detenido el 25 de septiembre de 1973 tras una huída frustrada en un portal de Barcelona, en la que resultó muerto el policía Fernando Anguas.
El asesinato a manos de ETA del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, imprimió a la tramitación judicial del caso de Puig Antich una velocidad inusitada, sumarísima. A las 9 de la mañana del 2 de marzo de 1974, ya condenado a muerte, el reo se sentaba para que le anudaran el cuello al garrote.
De la última mirada de la Justicia sobre el caso han pasado tres años. El 14 de agosto de 2020, la Audiencia de Barcelona confirmó el archivo de una querella contra Carlos Rey, abogado que hizo de juez de un consejo de guerra en el que a Puig Antich no se le dio efectivo derecho de defensa ni un relato de hechos verdaderamente probados: los médicos sostienen que a Anguas lo mató una ráfaga, cinco disparos alineados en su cuerpo, y el informe policial que el agente recibió tres tiros de pistola del anarquista.
El último pronunciamiento judicial argumenta que en el caso no cabe aplicar el crimen de Lesa Humanidad y que cualquier infracción cometida en aquel sumario ya ha prescrito. “Y precisamente la Lesa Humanidad es la clave”, explica Eduardo Ranz, abogado experto en causas de la memoria histórica. Pero no hay camino: “España se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tres años después de la ejecución, en 1977, y se sumó a la aplicación de la Lesa Humanidad en 2003”.
Además, la Ley de Amnistía del 77, que extingue responsabilidades anteriores a su promulgación, impide la investigación de los delitos que pudieron cometer los instructores del caso. La Ley de Memoria Democrática crea una fiscalía especial que tiene el mandado de revisar violaciones de derechos humanos, “pero es que el hecho, la ejecución de Puig Antich, no se discute -reflexiona Ranz-, aunque los hechos por los que fue juzgado sí requieren una investigación judicial”.
«El reto está en aplicar la Lesa Humanidad», insiste Ranz. El letrado ve “solo una clave, una tecla”, que no es otra que “modificar el artículo 9 de la Constitución”, o sea, el que habla de la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras”. Pero modificar ese precepto en la ley fundamental para adaptarlo a la realidad histórica de España “es algo muy parecido a imposible”, dice Ranz.
Justicia colonial
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En diciembre de 2013, el abogado estuvo con Merçona Puig Antich, hermana del ejecutado, en el bar Iberia de Buenos Aires, viejo punto de reunión del exilio republicano en Argentina. Se iba a colocar en el café una placa de homenaje a los represaliados, cuyos descendientes andaban esperando las acciones de María Servini, la juez que trató en vano de investigar los crímenes de la dictadura de Franco invocando el principio de jurisdicción universal.
Recuerda Ranz aquel encuentro en el bar, leyendo en voz alta la sentencia que llevó a Puig Antich a la muerte, y a la hermana escuchando. “El estado español tiene una deuda descomunal con la familia de Puig Antich -opina-. Aquella ejecución, apremiada tras el atentado contra Carrero, y a garrote vil… era retroceder más de un siglo”.
Abad Eduardo Ranz y Merçona Puig Antich, en el bar Iberia de Buenos Aires en diciembre de 2013 / El Periódico
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“Garrote vil… ¡Así no se asesina a nadie, hombre!”, lamenta Emilio Silva. “El Estado debe una disculpa pública. Muchos países lo han hecho al salir de dictaduras; España no. Aquí es como si la democracia hubiera surgido de la nada. La familia Puig Antich forma parte del desamparo de las víctimas del franquismo”, añade.
A este veterano de los rescates en las fosas de fusilados aquel sumario y aquel cadalso en la Modelo se le antoja un redondo fruto de la amnistía del 77: “Hay responsables de lo que se hizo, y subsidiariamente sería el Estado, pero…”
Emilio Silva sitúa la ejecución de Salvador Puig Antich en el cruce de diversas contradicciones políticas españolas. Una, que el Congreso y el Senado hayan reunido comisiones de investigación para interesarse sobre los españoles desaparecidos en dictaduras… “del cono sur, no la nuestra”.
O que la justicia española, la Audiencia Nacional, invocara el principio de Jurisdicción Universal para juzgar crímenes de la dictadura de Videla y Galtieri o emitiera una orden de detención de Augusto Pinochet… pero no se aceptara ese mismo principio cuando lo invocó la juez Servini. “Es una visión colonial -opina Silva-: España le puede decir a Argentina qué hacer con los crímenes de su Estado, pero Argentina no puede hacer lo mismo”.
No fue posible meter el caso de Puig Antich en la querella argentina, la que promovieron sin éxito hijos y nietos de represaliados por el franquismo. “Se le pusieron palos en las ruedas desde el minuto uno”, concluye Silva.
Silencio de Estado
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De palos en las ruedas sabe la familia Welzel. En algún cajón del ministerio de Presidencia, o de la mudanza de los asuntos de Memoria al ministerio de Política Territorial, descansa sometida al silencio administrativo una petición de esa familia alemana al reino de España.
El mismo día en que ejecutaron a Puig Antich en Barcelona, en Tarragona era también agarrotado el súbdito alemán Georg Welzel, que por entonces intentaba hacerse pasar por un polaco de nombre Heinz Chez. El ajusticiado había matado a tiros al guardia civil Antonio Torralbo en un bar de L’Hospitalet de L’Infant (Tarragona).
Pese a que la policía franquista supo por Interpol de la verdadera identidad del preso -como indica el folio 224 del sumario-, nunca se dijo nada a su familia, residente en la República Democrática Alemana, ni del paradero del detenido, ni de su trágico final, ni de la fosa común a la que fue su cadáver.
Retrato de Georg Welzel, pintado el mismo día que Puig Antich, en el cartel de un cortometraje dedicado a la investigación de su figura / El señor Bauer / Rinoceronte Films
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“Georg Welzel no es un héroe, no es alguien a quien elevar a un estado de nada. Fue un victimario, pero también una víctima doble: pasó su juventud en las cárceles de la Stasi y de ahí pasó a una cárcel franquista, sometido a instrucción judicial acelerada”, resume Raúl Riebenbauer, escritor, guionista, investigador que ha dedicado años de esfuerzo a reconstruir la vida de este reo con el que la propaganda franquista equiparó y difuminó a Puig Antich.
Su investigación recogida en ‘El Silencio de Georg’, editado en castellano y catalán por RBA en 2005, arrancó con un trabajoso pulso con instancias castrenses, el Tribunal Militar Territorial III de Barcelona, que le impedían ver el sumario. Hoy sospecha Riebenbauer que Georg Welzel disparó al ver aparecer al guardia por sus años de miedo acumulado a los uniformes. “Quizá un proceso judicial justo habría incluido un examen psiquiátrico justo -cree-. Y quizá ese informe médico habría servido para conmutar la condena a muerte…”
Viven una hermana del ajusticiado, Monika, y varios sobrinos. Desde Alemania la familia cursó una petición a Presidencia para que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática emitiera una de las declaraciones de reparación que concede a descendientes de ejecutados por el franquismo.
Una carta del ministro Félix Bolaños respondió a la familia -”en el muy hábil día 1 de agosto”, ironiza Rebenbauer- que este caso no se ajusta a lo previsto en la ley de Memoria. La familia recurrió la decisión… y silencio administrativo.
Este diario ha preguntado al ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática si este 50 aniversario de aquellas ejecuciones hará alguna cosa. Silencio también.
A Puig Antich y a Georg Welzel, concluye el investigador, “se les juzgó por la vía militar, pero se les ejecutó por un sistema reservado a la vía civil, a garrote vil, propio de nuestra historia más negra”.
