La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva algo más de cuatro años en el Gobierno regional confrontando dialécticamente con Pedro Sánchez. No ha cejado en todo este tiempo en dar «la batalla cultural», contraponiendo sus políticas a las del Gobierno de coalición y advirtiendo de que gran parte de las decisiones que salen de La Moncloa y son refrendadas en el Congreso son un ataque a Madrid. Tan convencidos están en su equipo de esto último que han llevado a los tribunales más de una decena de leyes y normas y pedido amparo constitucional en algunos de ellos. Pero su estrategia ha chocado con el Tribunal Constitucional: de los seis recursos elevados a este órgano, cuatro han sido ya rechazados.
Desde la vivienda a la luz de los escaparates, el Gobierno de Madrid ha trasladado al TC su malestar por normas que entendía que invadían competencias autonómicas, ese ha sido en casi todos los recursos el argumento principal. Así, el ejecutivo regional ha visto cómo el Tribunal que desde hace un año preside Cándido Conde Pumpido ha obligado a indemnizar al exdirector de Informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño, tras la reforma adoptada de la mano de Vox para cambiar a todo el equipo directivo de la cadena autonómica, además de tumbar sus recursos contra el impuesto a los ricos o las medidas de ahorro energético por la guerra de Ucrania; e invalidar la norma autonómica que limitaba el acceso a la eutanasia a las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid.
En algunos caos, como el relacionado con la Ley de Eutanasia, la respuesta del órgano de garantías respecto de las decisiones del Gobierno de Díaz Ayuso fue, además, unánime, lo que no suele ser habitual desde que comenzó la etapa de mayoría progresista en este órgano. Este fue el siguiente revés tras la sentencia sobre Telemadrid, aunque en este caso fue el Gobierno de Sánchez quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra una norma autonómica. La decisión del Tribunal contra la ley impulsada por la presidenta madrileña por la que nueve meses antes se había creado la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad llegó el pasado mes de octubre.
La disposición adicional que fue declarada inconstitucional establecía, bajo la rúbrica “en favor del derecho reconocido de la vida de las personas con discapacidad”, que cuando se pretendiera llevar a cabo cualquier actuación que afectara «al derecho a la vida de la persona con discapacidad« tutelada sería necesario emprender un «procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial”. El Constitucional entendió vulnerada la competencia del Estado sobre legislación procesal y civil, además del principio de seguridad jurídica.
Grandes fortunas y ahorro energético
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Apenas unas semanas más tarde, el 7 de noviembre, el pleno del Tribunal Constitucional validó el impuesto de grandes fortunas por entender que no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal.
El texto, elaborado por la magistrada del sector progresista María Luisa Balaguer, subrayaba que el recurso de la Comunidad de Madrid no apuntaba ninguna competencia autonómica que se hubiera visto afectada por el impuesto impugnado y situó la «queja real» del Gobierno de Ayuso en que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros -únicos sujetos al impuesto- tendrán que abonarlo, por lo que Madrid perdería su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio. Pero conocida la sentencia, Ayuso ordenó modificar de nuevo la norma autonómica para recuperar parte de este impuesto y que la recaudación por este gravamen se quede en la región y no en manos del Ministerio de Hacienda. Esta medida fue apoyada por el PSOE regional y Vox en la Asamblea de Madrid.
La pasada semana, el órgano presidido por Conde-Pumpido volvió a rechazar un recurso de la Comunidad de Madrid, el presentado contra la aprobación por Real Decreto, en agosto de 2022, de varias medidas de ahorro energético con las que el Gobierno buscó frenar el encarecimiento de la electricidad o el gas tras estallido de la guerra de Ucrania. Algunas de las medias afectaron al uso del aire acondicionado o el alumbrado público en sedes de organismos públicos, pero también a los pequeños negocios.
Díaz Ayuso salió en defensa de estos últimos frente a lo que calificó de «arbitraria, autoritaria y contra los comercios”, si bien el órgano de garantías ha terminado avalando la fórmula del Real Decreto utilizada por el Ejecutivo central por existir razones de «urgente necesidad».
Dos partidas pendientes
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Aún quedan dos asuntos más que la presidenta madrileña ha presentado ante los magistrados del Constitucional y siguen pendientes. Uno de ellos se refiere también a una ley de especial importancia para el Gobierno de coalición, como es la Ley de Vivienda. En este caso, el ejecutivo autonómico lo recurrió por «invasiva» de derechos constitucionales, como el derecho a la propiedad, y se llegó a calificar la norma de «acuerdo sectario» entre el PSOE y Podemos.
El segundo asunto que tienen los magistrados del Constitucional sobre la mesa tiene que ver con una nueva «invasión de competencias» del Gobierno de Pedro Sánchez por la creación de un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados. Este recurso, ordenado el pasado 17 de enero por parte del ejecutivo regional, llega después de que el Gobierno de la nación rechazara la petición hecha en diciembre por la Comunidad de Madrid de anular el contrato, aprobado por el entonces Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ahora ha pasado al actual Ministerio de Juventud e Infancia. La Comunidad justifica que el contrato estatal supone una «intromisión» e «incluso una interferencia» en las competencias autonómicas en esta materia.
Otros asuntos pendientes en los tribunales
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Acudir a los tribunales ha sido una constante del Gobierno regional en los últimos cuatro años. Además de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, Ayuso ha llevado ante la Audiencia Nacional al menos seis asuntos más desde 2020. Cuatro son contra órdenes del Ministerio de Sanidad, tres de ellas por decisiones tomadas durante la pandemia y el último hace una semana contra la Orden que imponía la obligatoriedad de la mascarilla porque entienden que la actual ministra Mónica García tomó la decisión sin el acuerdo del Consejo interterritorial.
Además, la Comunidad ha buscaido el pleito por las entregas a cuenta de los presupuestos de 2019 o la liquidación del IVA de 2017 a través del sistema de financiación autonómica. Asimismo, ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia los importes por los servicios universitarios acorodados en 2020, algo que además pretende neutralizar a través de la Ley de Universidades que está ultimando la Consejería de Educación y se prevé que esté aprobada a lo largo de 2024.
En el ámbito educativo, también mantuvo un conflicto jurídico en el Tribunal Supremo con el Estado por los currículos de Bachillerato y de la ESO, pero el primero fue igualmente desestimado.
