La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha presentado este jueves el informe definitivo del ministerio público para dar respuesta a la exposición razonada que el juez Manuel García Castellón remitió a la Sala Segunda en el caso Tsunami Democràtic. Como se esperaba, a diferencia de la mayoría de los fiscales del alto tribunal, no aprecia indicios de delito para investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg por un presunto delito de terrorismo. De hecho cree que en el caso del primero los que hay más bien descartan su participación.
En su escrito, la teniente fiscal propone a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que devuelva la exposición razonada a la Audiencia Nacional para continúe adelante con sus pesquisas, porque no aprecia indicios suficientes para imputar a los dos aforados. Como es preceptivo en este tipo de informes, la número 1 de la carrera fiscal argumenta que la Sala de lo Penal es la competente para investigar a un eurodiputado y a un diputado del Parlament por hechos cometidos fuera de Catalunya, pero en este caso no debe abrir un procedimiento, porque no hay indicios suficientes contra ninguno de ellos.
En el caso estudio, Sánchez Conde afirma que «el examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal».
«Ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación, ni -como se debe- tomados en su totalidad, permiten inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democràtic, pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención», afirma en su informe de 31 páginas.
La teniente fiscal explica que al no haber indicios contra los aforados, debe ser la Audiencia Nacional la que continúe con la investigación respecto al resto de imputados, entre los que está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y en el que el fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, ha recurrido la imputación por un delito de terrorismo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha apoyado los recursos de todos los imputados.
Indicios en sentido contrario
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El informe fiscal resulta convincente, porque realiza el ejercicio de utilizar los mismos indicios que remitió el juez García Castellón, pero en sentido contario. De tal forma que el mensaje en el que uno de los imputados comentaba que entendía que Òmnium habría avisado a Puigdemont de la inminencia de la puesta en marcha de Tsunami es para la fiscal prueba de que no estaba al frente de la plataforma.
«El hecho de que se pretendiese hacer llegar información de tal extremo a Carles Puigdemont puede ser interpretado, con naturalidad, como relevante indicador de la ajenidad del mismo en la constitución de Tsunami y la campaña que la misma iba a realizar, por cuanto, de haber participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información al respecto», concluye la fiscal.
«Solo así se explica que, unos pocos días antes de la aparición pública de la plataforma (5 de septiembre de 2019) Puigdemont ignorara la identidad de los ‘perfilesde campaña’ de Tsunami, las acciones que pretendía desarrollar (distribuir 200 pancartas) o las razones que condujeron a la elección de la denominación Tsunami Democrtic. En otras palabras, esa captura de pantalla revela que Carles Puigdemont no participó en la elección de los líderes de la organización -ignoraba sus identidades-, ni en la concreción de las acciones a ejecutar -se le informaba de ellas a fin de que tuviera conocimiento-, ni en la elección del nombre de Tsunami Democràtic».
Y a una similar conclusión con los mensajes intervernidos al jefe de su oficina en Bruselas, Josep Lluís Alay. «Puede deducirse de esta captura de pantalla que el ‘grupo de coordinación’ y los miembros de Tsunami Democràtic eran distintos a quienes participaron en las reuniones de Ginebra los días 30 y 31 de marzo de 2019 y que eran aquellos primeros quienes estaban gestionando la creación de la plataforma, pues los participantes en las reuniones de Ginebra», a las asistió Puigdemont, pero también el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi, «podían vetar su continuación».
La fiscal considera «ilustrativo que el 28 de agosto de 2019, es decir, dos días antes de celebrarse las reuniones en Suiza, se pusiera en funcionamiento el canal de Tsunami en la red social Telegram». Pero va más allá y añade que «es notorio que Tsunami Democràtic fue apoyado públicamente por multitud de personas» , que «desconocían posiblemente los fenómenos que ocurrirían posteriormente por la actuación de individuos descontrolados. En fin, la exposición razonada atribuye a dichas reuniones un contenido que solo se presume».
Más investigación
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No obstante, admite que «los hechos que se imputan a la organización Tsunami Democratic -en la que ambos aforados estarían integrados y participarían en su dirección de acuerdo a un reparto de tareas y papeles-, sucedieron sin que pueda cuestionarse que se produjeron gravísimos incidentes con enfrentamientos con la policía de importante gravedad, produciéndose lesiones y graves daños y los mismos son susceptibles de ser subsumidos en diversos tipos penales«. Para decirlo más claro añade que «la naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura de Tsunami Democratic no puede ser puesta en duda y ha quedado constatada en las diligencias previas incoadas», aunque en ningún momento menciona el terrorismo.
Pero «no se imputa a los investigados , aforados o no, la participación directa en los hechos que se señalan como investigados, esto es, en las acciones llevadas a cabo por una multitud de personas que no se identifican en la exposición, en la que tampoco se afirma que incitasen o planificasen dichos gravísimos incidentes», solo «haber formado parte de Tsunami Democratic en cuanto organización, siendo indiferente la naturaleza pluriofensiva de las acciones ejercitadas por terceros bajo la cobertura del Tsunami, aunque, es obvio, que la integración en una organización criminal implica una pluralidad de partícipes».
Y eso es justo lo que debe investigar, como el propio García Castellón está demostrando al haber acordado importantes baterías de diligencias tras su auto de imputación de octubre y haber elevado la exposición razonada.
