El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha finalizado la investigación contra Josep Lluís Alay, el director de la oficina del expresidente Carles Puigdemont , y dos agentes de los Mossos d’Esquadra por un presunto delito de revelación de delitos y ha ordenado a la Fiscalía y las acusaciones que soliciten, si lo creen conveniente, apertura de juicio oral con la petición de pena. Es la primera causa del ‘caso Volhov’ que acaba a un paso del juicio, ya que la investigación estaba más avanzada.
En el auto, al que ha tenido acceso este medio, se indica que el 17 de julio de 2020 Alay pidió por medio de una aplicación de mensajería digital un «pequeño favor» a un agente de los Mossos, destinado entonces al área de seguridad institucional, para que consultara las bases de datos policiales y comprobara si el entonces responsable de la oficina de Puigdemont «estaba afectado por alguna investigación de vigilancia o seguimiento»
En concreto, Alay quería saber si existía alguna requisitoria judicial contra él , ya que»esto es una losa que tengo encima para viajar», tal y como aparece en los mensajes investigados por la Guardia Civil dentro de la causa Volhov. Para los agentes que investigaron a Alay esta petición demuestra que en esa época sabía que iban detrás de él: «ese tipo de requisitorias, controles específicos que se dictan por interés policial o judicial, y de ello tiene conocimiento porque alguien se lo debe haber dicho, es decir no sería esta la primera vez que recibe información sensible, en este caso sobre las requisitorias que sobre su persona se puedan producir. Y todo para poder hacer un viaje que pretende realizar«.
Ninguna investigación
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El mosso al que Alay le pidió el favor estaba de vacaciones y por eso se lo encomendó a otro agente que fue quien realizó la comprobación. Después el policía le envó al contacto de Alay el pantallazo en el que se veía que el director de la oficina de Puigdemont no tenía «ningún procedimiento de alerta de salida de territorio español». Después de pasarle la imagen, el agente le dice a Alay que no se lo muestre a nadie y que él «no le ha dicho nada», según la Guardia Civil.
El juez Joaquín Aguirre procesa a Alay y a los dos agentes por un delito de revelación de secretos al considerar que los mossos «no estaban realizando ninguna investigación policial relacionada con Alay ni esa consulta en las bases de datos estaba relacionada con algún procedimiento policial en curso».
Retraso en la citación
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El auto indica que existe un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos en el que indica que los agentes acusados «no estaban legitimados para realizar tal consulta, dado que no afectaba a ninguna investigación policial que ellos estuvieran efectuando». Por eso el juez remarca qu «existen indicios» de un delito de descubrimiento de secretos cometido por funcionario público, ya que no existía una investigación policial en curso de los mossos contra Alay.
Así, ordena procesar a los dos agentes y al director de la oficina de Puigdemont. Esta resolución está fechada de abril del año pasado, pero no llegó a todas las partes, solo la recibieron los abogados de los acusados, Gonzalo Boye y Isabel Elbal. Hace unas semanas cuando el juez ordenó la prorroga de la causa Volhov, con esta pieza separada incluida, los letrados la impugnaron al considerar que existía una providencia el 3 de abril de 2023 en que dictaba el procedimiento abreviado, es decir la finalización de la instrucción, de esta revelación de secretos.
Fue entonces cuando el juzgado se dio cuenta de que no se había notificado correctamente a la fiscalía y las acusaciones y volvió a ordenar que se hiciera «su regeneración». Ahora abrió el plazo para que se presenten los escritos de acusación, si consideran que se debe celebrar un juicio contra los tres acusados por un delito de revelación de información reservada.
