La revuelta del sector agrario ha llegado este martes al hemiciclo del Parlament de Catalunya. En un pleno monográfico específico, que ha contado con la voz de los agricultores, los partidos catalanes han abordado las reivindicaciones del campo y han lanzado sus propuestas para remediar la situación. Estas son las principales medidas que han presentado y que se votarán el jueves. Será entonces cuando se sabrá cuáles prosperan y cuáles quedan descartadas.
[–>La burocracia es una de las denuncias más comunes del sector agrícola. Para acabar con ella, Junts ha presentado una resolución para que el Parlament reclame a la Generalitat que en el plazo de seis meses presente un proyecto de ley de desburocratización de la agricultura. Para el PSC, en cambio, hay que convocar «inmediatamente» la mesa de seguimiento del acuerdo sobre simplificación administrativa, así como crear con urgencia un grupo técnico de trabajo formado por expertos para que, en medio año, se identifiquen y reduzcan duplicidades. Los Comuns y ERC coinciden en defender que la solución pasa por que la Generalitat haga realidad una «ventanilla única» por donde los agricultores vehiculen todos sus trámites. Cs pide asesoramiento para los pequeños y medianos productores y «racionalizar» las inspecciones y controles.
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Otra de las cuestiones clave para el campo es conseguir unos precios justos para sus productos. Aquí hay cuatro partidos que coinciden claramente en el diagnóstico: ERC, Junts, los Comuns y la CUP consideran que el problema es que no está funcionando la Ley de la Cadena Alimentaria. Como es una norma estatal, en el pleno del jueves el Parlament solicitará formalmente al Congreso que inicie esta modificación. El objetivo: combatir los bajos precios de los productos que condenan a muchos agricultores a tener pérdidas.
Representantes de los agricultores en el Parlamento, entre ellos la pastora Marina Vilalta, de 94 años. / Quique García / EFE
El PSC, en cambio, propone «potenciar» el Observatori de Preus i la Xarxa Comptable para determinar los costes reales de producción por zonas y tener una base para fijar un marco de referencia de precios de venda justos. Otra propuesta destacada la formulan Esquerra y la CUP: crear una «distribuidora» alimentaria catalana, una empresa «pública» que compre y distribuya los productos del sector primario «a precios justos» y asegure la «competitividad» del mundo agrícola. Los anticapitalistas también quieren que se imponga a las superficies comerciales un porcentaje mínimo productos catalanes.
[–>Durante el debate de este jueves, son varios los partidos que han señalado que uno de los grandes problemas es la falta de relevo generacional en el campo. Para garantizar que los jóvenes tengan oportunidades, ERC defiende crear la Renta Básica Agraria, una «retribución destinada a las pequeñas explotaciones para favorecer su supervivencia» y para facilitar el arraigo en el sector primario. Junts también lo ve con buenos ojos, así que no debería tener problemas para prosperar. Para la misma cuestión, el PSC y los Comuns plantean que el Institut Català de Finances (ICF) tome cartas en el asunto abriendo líneas de crédito blandas para que los agricultores tengan un mayor acceso a la financiación. La CUP lanza otra idea: crear una entidad, como la que ya existe en Francia, para la adquisición de tierras, que evite la especulación y regule los precios. También dar facilidades fiscales y urbanísticas para la rehabilitación de masías.
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Donde todos los partidos de la oposición coinciden es en presentar varias resoluciones para que el Parlament reclame al Govern relajar las restricciones por la sequía que se han impuesto al campo. Por lo tanto, pasará como en el pleno monográfico del agua de hace dos semanas: forzarán a la Generalitat a revisar su plan de emergencia. En este caso, la oposición da margen y no precisa demasiado qué habría que relajar. Lo máximo que llegan a plantear los grupos es que se equiparen las restricciones con las de los otros sectores, es decir, que el campo no pague una factura mayor. La CUP también plantea revertir en el plazo de cinco años el trasvase de agua del Ter al Llobregat. Otra demanda común es la de las ayudas económicas. El PSC propone 20 millones de euros para compensar la pérdida de producción en riegos tecnificados y valorar en el plazo de un mes si se compensa también a los productores de herbáceos más afectados por las restricciones.
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Una de las peticiones de los agricultores a la Generalitat es que cambie el nombre de la conselleria de Acció Climática, Alimentació i Agenda Rural para que tenga un vínculo más claro con la agricultura. Los dos únicos partidos que lo llevan a votación son el PP y Junts. Los populares proponen cambiar el nombre del departamento para que pase a ser el de «Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Climática». El Govern ya pactó un cambio de denominación con los agricultores, pero no lo ha concretado. Sin embargo, su propuesta iría en un sentido inverso, priorizando la denominación «Acció Climática». Junts pide que, aunque se cambie el nombre, no se modifique su ámbito competencial.
