El Gobierno de Aragón llevará ante el ministerio fiscal la compra de 10.000 mascarillas defectuosas durante los momentos más duros de la pandemia. El Ejecutivo que lidera Jorge Azcón considera que completa así el proceso abierto por el Gobierno de Lambán, que sí se puso en contacto con la empresa, pero no comenzó con la vía judicial.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Mamen Susín, ha explicado este martes la situación en la que se encuentra el pedido de mascarillas defectuoso y los pasos tomados hasta la fecha para resolver una situación que implica directamente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). «El IASS formalizó diferentes contratos públicos para la compra de protección del personal de residencias», ha detallado Susín, que ha dicho que el pedido que se llevará ante la Fiscalía será el formalizado el 2 de abril. Escrow Trust Europe Foundation, radicada en Países Bajos, es la empresa con la que se formalizó un contrato de 244.500 euros: «Es una firma cuyo responsable es el grupo Santa Catalina, cuyo administrador fue denunciado en Canarias por intento de estafa en la compra y venta de vacunas».
De esos 244.500 euros que firmó la DGA con el grupo Santa Catalina, se emitió una primera factura de 144.00 euros y una segunda de 83.900 euros, quedando pendientes de pago en favor de la empresa unas 16.600 euros, que no se han llegado nunca a abonar. Mientras que le pago se hizo de forma anticipada el 2 de abril de 2020, el pedido no llegó hasta los almacenes del Ejecutivo autonómico hasta el 24 de junio de 2020.
«El material se entregó con posterioridad a la emisión de las dos facturas», ha destacado Susín, que ha explicado la existencia de varios informes que «muestran reparos respecto a la calidad de las mascarillas de uso médico, que se compraron a un precio de 4,15 euros por unidad». Esas mascarillas defectuosas se facturaron «cinco veces más caras» que las de uso higiénico: «Se recibieron las 10.000 unidades facturadas sin perjuicio del problema detectado después sobre su calidad».
Pese a que han pasado ya cuatro años de este suceso, la documentación del 2020 ya atestiguaba que las mascarillas no cumplían con los requisitos necesarios. «El 25 de mayo, un laboratorio emitió un informe en el que las mascarillas no podían ser consideradas FFP2 ni FFP3», ha comentado la consejera, que ha desvelado la existencia de una factura en inglés en las aduanas que «ya indicaba que las mascarillas no son de uso médico, por lo que puede concluirse que el suministrador sabía que las mascarillas no tenían esa función».
[–>[–>
«El perjuicio total sufrido por el IASS, de acuerdo con los datos de los informes, asciende a 25.382 euros, a lo que cabría añadir los costes proporcionales del transporte», ha completado Susín, que ha avanzado que el propio IASS ya intentó buscar una solución y la reelaboración de la factura, «algo que resultó imposible, pese a que se envió un escrito a la empresa proveedora en el que se reclamaba el reintegro del importe».
