El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y al Consejo de Europa su ofensiva contra gobiernos autonómicos de PP y Vox por la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón y las llamadas leyes de concordia presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Fuentes del Gobierno han avanzado este jueves que, además de su intención de llevar estas leyes al Tribunal Constitucional, recurrirán al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas normas con «las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos».
Además, el Ejecutivo promoverá el debate sobre estas leyes en el pleno del Parlamento europeo a través del grupo parlamentario socialista y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa (organización intergubernamental de la que forman parte 46 estados europeos) para alertar de la «posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos«.
Entre otros aspectos, el Gobierno impulsará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar las ley de memoria derogada en Aragón y las de «concordia» presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
También contactará con la secretaría general del Consejo de Europa y el comisario de Derechos Humanos para informarles de la «gravedad de la situación» y solicitará un informe sobre la situación de la memoria democrática en España.
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR. A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la «concordia» que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los «términos guerracivilistas» y mantendrá la reparación de todas las víctimas. En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la «concordia» para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
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Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra «dictadura» para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
