El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruye el caso Voloh sobre la presunta trama rusa en el procés independentista, y el caso Negreira, sobre el supuesto favoritismo arbitral al FC Barcelona, recibió el jueves de la semana pasada por la mañana un falso paquete bomba en su juzgado. Este paquete no fue detectado como peligroso por los escáneres de seguridad de la Ciudad de la Justicia y llegó hasta el mismo despacho del letrado de la administración de justicia, que lo abrió sin saber su contenido. En su interior había un envoltorio de color plata con un material amarillento y encima un reloj digital. La caja que cubría el aparato era de un componente informático.
El paquete de cartón contenía una bomba falsa. / El Periódico
El juzgado avisó en ese momento al personal de seguridad de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que recogió el paquete y lo analizó. En el envoltorio aparecía escrito a mano la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyo titular es el magistrado Joaquín Aguirre. Ahora se está intentando averiguar quien ha sido el auto de este envío y si hay huellas en el paquete. El incidente fue comunicado al juzgado de decano de Barcelona y al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y ha causado una profunda preocupación entre el personal judicial, que ha reclamado más seguridad.
La investigación
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En estos momentos, el juez Aguirre están investigando las conexiones entre dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, y supuestos enviados de Rusia. A finales de enero, el togado dictó una resolución en la que impulsa la investigación sobre la presunta trama rusa del proceso independentista catalán e implica, entre otros, al exrresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní, hasta hace poco estrecho colaborador del expresident en Waterloo y pieza clave en la estructura financiera organizada en Bélgica a través de una cuenta en Alemania. Las fuentes judiciales apuntan que podría haberse cometido un delito de alta traición o contra la seguridad nacional (injerencia de un país extranjero).
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Tras revisar la «abundante documentación» que hay en la causa, el magistrado asegura haber hallado datos que confirmarían las «estrechas relaciones» de algunos de los investigados con «individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana», alguno de los cuales ocupaba cargos diplomáticos y tenía «relaciones con los servicios secretos rusos» e, incluso, con miembros de partidos de extrema derecha en Italia y Alemania. El interés de los investigados, recalca el juez, era establecer vínculos de «influencia política y económica» con una hipotética Catalunya independiente, lo que desestabilizaría a la UE. El proceso judicial está secreto.
