El Gobierno y la Conferencia Episcopal afrontan una compleja negociación sobre el pago de indemnizaciones a las víctimas de pederastia en los casos prescritos de la que parten completamente distanciados. En el Ejecutivo aspiran a que sea la Iglesia quien asuma íntegramente el coste. Fuentes directas de las negociaciones rechazan incluso un modelo mixto, como el seguido en otros países, en el que se pactaría un porcentaje que asumiría el Estado y otro la Iglesia. “La Iglesia tendrá que hacerse cargo. Confiamos en que no se cierren y tengamos que aprobar algún sistema para obligarla a pagar las reparaciones materiales”, zanjan estas fuentes.
La Conferencia Episcopal, por su parte, rechaza el plan del Ejecutivo, como se apresuró a trasladar el secretario general de la institución, Francisco César García Magán, poco después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a la hoja de ruta para regular las indemnizaciones, adelantada por El Periódico de España, del mismo grupo editorial.
Desde la institución de los obispos incluso deslizaron una posible inconstitucionalidad en el plan del Gobierno al argumentar que «esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales». Además de diferir en la cifra de víctimas, la Iglesia se opone a participar de un plan que se ciña únicamente a las víctimas de abusos sexuales en su seno. «No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», sostienen. En esta línea, reprochan que el texto presentado «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado».
Las amenazas son cruzadas y fuentes del Gobierno no descartan que, si la Iglesia rechaza asumir el coste de las indemnizaciones, se puedan plantear modificaciones legislativas para que esté obligada por ley. Pese a estos intercambios, propios del arranque de unas negociaciones con posiciones de máximos por ambas partes, tanto el Gobierno como la Iglesia están dispuestos a seguir dialogando. Hay conversaciones y nadie se levanta de la mesa. Eso sí, desde el Ejecutivo insisten en que, de una forma u otra, la Iglesia acabará asumiendo las reparaciones económicas. Pero confían en el acuerdo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunió la semana pasada con el nuevo presidente de los prelados, Luis Argüello. Según fuentes conocedoras del contenido del encuentro, su actitud fue aquí mucho más conciliadora que la expresada este martes en su nota de contestación a la iniciativa del Gobierno.
El plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros evita concretar tanto el método como los baremos y los plazos para las indemnizaciones, con la pretensión de dejar margen a las negociaciones. El objetivo es pactar con la Iglesia los mecanismos y las cantidades con el único límite temporal de 2027, coincidiendo con el final de la legislatura.
Los socialistas se muestran confiados en que la Iglesia acabará acatando su plan, aunque se guardan un plan B para torcerle el brazo. Entre las víctimas más combativas, como es el caso de Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat, se advierte que este plan no puede acabar en un “rescate económico a los obispos”, rechazando de plano que el Estado pague la factura.
Asunción parcial del desembolso
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A la espera de que avancen las negociaciones, otras fuentes del Gobierno hacen referencia a seguir el modelo de Irlanda o Bélgica. En ambos casos, aun con distintos porcentajes, la Iglesia y el Estado pactaron repartirse el desembolso. Con todo, no es la posición que ahora se defiende. Todo lo contrario. “No es nuestro modelo”, señalan en la Moncloa.
El texto aprobado este martes, sin embargo, hace referencia a la creación de un órgano independiente en colaboración con la Iglesia para que esta se haga cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. Asimismo, hace mención al informe para recoger que si no se produce una colaboración por parte de la Iglesia católica, “la alternativa sería aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, pudiendo prever la colaboración entre el Estado y las CCAA”.
Incremento en los casos no prescritos
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El plan del Gobierno, siguiendo las recomendaciones del informe realizado por el Defensor del Pueblo, recoge la adopción genérica de medidas, tanto legales como administrativas, “para permitir el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos en que, por prescripción del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acción penal”. Entre ellas, impulsar diferentes modificaciones legales con el objetivo de que “la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamación de la responsabilidad civil conforme a la regla general”.
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En los casos de abusos no prescritos, se aplicarán las medidas que se contemplan para las víctimas de abusos sexuales. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de marzo la adopción de medidas de refuerzo de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, entre las que se incluye que un decreto para regular la concesión de ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales con insuficiencia de ingresos, “con el fin de garantizar su autonomía económica y de facilitar su recuperación integral”.
