El juez que investiga por presunto terrorismo el caso Tsunami Democràtic ha citado a los investigados a declarar por videoconferencia desde Barcelona este miércoles con la incógnita de si comparecerán y quiénes, al encontrarse varios fuera de España, entre ellos la secretaria general de ERC Marta Rovira, en Suiza desde 2018.
Además de a Rovira, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha emplazado a declarar a otros seis investigados, con la excepción de Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya citación se suspendió por motivos de agenda de su abogado.
El resto deberá comparecer por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona; no podrán hacerlo desde Suiza, lugar donde vive Rovira desde que huyó en 2018, en mitad de la causa del ‘procés’, y al que se han trasladado algunos investigados tras el avance del caso.
Fue la propia secretaria general de ERC quien solicitó al juez declarar por videoconferencia desde el país helvético, una petición que fue rechazada en aras, según el magistrado, de la agilidad del procedimiento, ya que programar una declaración telemática desde Suiza dilataría más los tiempos que hacerlo desde Barcelona.
La posibilidad ofrecida por el juez de declarar por videoconferencia se antoja, de este modo, improbable en el caso de los investigados que han fijado su residencia fuera de España, como Rovira, el dirigente de Ómnium Cultural, Oleguer Serra; el escritor y empresario gerundense Josep Campmajó, el periodista Jesús Rodríguez -todos en Suiza-, o el informático Jaume Cabaní, cuyo paradero se desconoce.
Actualmente, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, Rovira tiene una orden nacional de detención en vigor a efectos de tomarla declaración por el delito de desobediencia por el que le investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa del ‘procés’ tras la derogación del delito de sedición.
Ante el juez García Castellón están también citados el exconseller de ERC Xavier Vendrell, que vive entre España y Colombia, el empresario Oriol Soler -editor y miembro del «estado mayor» que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017- y la militante de ERC y empresaria Marta Molina.
El italiano Nicola Foglia, titular de una cuenta Suiza desde la que se podría haber financiado Tsunami Democràtic, no ha sido aún localizado, de modo que todavía no se le ha citado a declarar.
Causa abierta en 2019
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Con la duda de si alguno de ellos accederá a declarar ante el juez y, en su caso, quiénes, esta sería la primera vez que dan su versión en una causa abierta desde 2019 sobre lo ocurrido en los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic aquel otoño en protesta a la sentencia del ‘procés’ y su supuesta participación en su organización.
El juez García-Castellón los investiga en la rama del caso Tsunami que se ha quedado en la Audiencia Nacional, mientras que el Tribunal Supremo asumió la parte de la investigación que afecta a los aforados: el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado autonómico Rubén Wagensberg, citados entre el 17 y el 21 de junio.
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El magistrado, en una tesis que despierta muchas dudas jurídicas, no solo en los círculos independentistas, cree que no se puede descartar «en absoluto que Tsunami Democratic pudiera tener la consideración de ‘grupo terrorista'» y considera que se trata de «organización estructurada» y «jerarquizada» surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del ‘procés’, para «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva», según ha plasmado en algunos autos.
