La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que llame a declarar como investigados al subsecretario general de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García; y al director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF);, Michaux Miranda Paniagua, según especifica un escrito de 29 de mayo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. También pide que comparezca como imputado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue destituido por el ministro Óscar Puente.
Anticorrupción concluye que por parte de Puertos del Estado, el organismo del Estado que pagó 25 millones de euros por las mascarillas de la trama, la gestión de la contratación de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL fue liderada por Álvaro Sánchez Manzanares, quien en ese momento era el secretario general de Puertos del Estado: «Tenía una estrecha relación con Koldo García Izaguirre, evidenciada no sólo por las intervenciones telefónicas y los seguimientos policiales, sino también por los correos remitidos entre ambos», destaca el escrito.
En el caso del actual subsecretario general del Ministerio de Transportes, la UCO concluye que fue quien «asumió un rol clave» para que la decisión de contratar a la mencionada mercantil «fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación de la mercantil, en concreto a Puertos del Estado y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Por un lado, se han encontrado correos electrónicos en los que parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores. Por otro lado, se entiende que tomaron parte activa en el seguimiento y control de que estas adjudicaciones llegaran a término para posteriormente participar en el reparto de mascarillas», indica el documento, al que ha tenido acceso El Periódico de España.
Alejada de la realidad
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Además, la Guardia Civil pone de manifiesto que en su declaración policial como testigo Gómez García negó haber participado «de manera directa o indirecta» en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos de Estado y ADIF. Sin embargo, esta afirmación, destacan los agentes, «se ha revelado alejada de la realidad tras la observación de los correos electrónicos que se han expuesto en el presente oficio».
En cuanto al director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); Michaux Miranda Paniagua, a quien vincula «directamente con Koldo», los uniformados recuerdan que en su declaración como testigo el director de Recursos Humanos de ADIF, Martín José Navarro Vicent, explicó que fue este cargo quien le informó de que «sería la mercantil Soluciones de Gestión la encargada del suministro de mascarillas». Respecto a los contratos con ADIF, los uniformados señalan que Miranda «asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados» por la entidad y la contratación pudiera «llevarse a término».
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Finalmente, Anticorrupción solicita al juez que también llame a declarar, pero en este caso como testigos, al que fuera presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, a Francisco Toledo Lobo; a la jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel Peña; a la jefa de departamento de contratación adscrita a Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez; a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera Posada; al director de Recursos Humanos de ADIF, Martín José Navarro Vicent; al jefe del área de Recursos Humanos, soporte y alta velocidad de ADIF, Jesús Ángel Díaz Muñoz; al secretario general y secretario del Consejo de Administración de ADIF, Guillermo Martínez de Simón; al director general de Organización e Inspección de Transportes, Javier Sánchez Fuentefría y al subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto.
