La hiperactividad en la agenda internacional del Gobierno contrasta con la baja actividad legistiva en lo que va de legislatura. El largo semestre electoral y, principalmente, el adelanto de las elecciones catalanas, están llevando al Ejecutivo a centrar su iniciativa en materia internacional y acuerdos de Gobierno que no necesitan el aval del Congreso. Solo esta semana, se materializaron dos de las carpetas que llevan tiempo centrando el foco, como son el acuerdo de seguridad con Ucrania, con la firma del acuerdo en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Volídimir Zelenski, y el reconocimiento del Estado de Palestina.
Las relaciones con los independentistas siguen en pausa a la espera de resolverse el proceso de investidura. Una circunstancia que acrecienta la debilidad parlamentaria del gobierno en minoría, lo que ya provocó la renuncia del Gobierno a presentar Presupuestos. Frente a ello se recurre a una agenda que pone en primera línea la política de Exteriores y a buscar fórmulas para sortear el posible veto del Congreso. Por ejemplo, recurriendo al Fondo de Contingencia para aumentar el gasto en Defensa.
Este fue el mecanismo para autorizar el envío de 1.000 millones de euros en armamento a Ucrania, en lugar de aprobar un crédito extraordinario que necesitaría el aval del Congreso. Una fórmula a la que no se descarta seguir recurriendo este ejercicio por tener los presupuestos prorrogados. Las peticiones de los grupos de ratificar el acuerdo de seguridad con Ucrania en la Cámara baja tampoco serán oídas. Como ya anticipó el presidente del Gobierno se trata de un memorándum, no de un tratado internacional, por lo que “no es necesario pasarlo por el Congreso».
En vísperas de la campaña de las europeas, el PSOE trató de retomar la iniciativa parlamentaria y llevó al Congreso dos leyes de calado. El resultado fue un duro revés que demostró la amenaza de bloqueo parlamentario. Los socialistas se quedaron solos en la ley contra el proxenetismo y tuvieron que retirar la reforma de la ley del suelo para no encadenar una segunda derrota. Además de los socios parlamentarios y de la oposición, con la que se contaba por tratarse de dos medidas consideradas transversales, se sumó la oposición de los socios de coalición. Todo ello, a pesar de que la reforma de la ley del suelo provenía de un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros.
Si bien los socialistas confían en reconducir las relaciones con Sumar después de las europeas, asumen que con ERC y Junts, imprescindibles para asegurar la mayoría, tardarán en hacer lo propio. De hecho, vaticinan que las negociaciones para la investidura de Salvador Illa agotarán los plazos, con finales de agosto como límite. La posible recomposición orgánica en estos espacios todavía se alargará más. Los socialistas trasmiten una total seguridad de que el líder de los socialistas catalanes logrará ser investido, para lo que cuentan con el apoyo de ERC, pero a día de hoy nadie puede descartar una repitición electoral.
Presupuestos en el aire
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Los republicanos han fijado un congreso extraordinario para el 30 de noviembre. De ahí que hasta no saber quienes son sus interlocutores y la estrategia de oposición que adopten tras romperse la mayoría independentista en Cataluña no se retomarán las negociaciones para los Presupuestos de 2025. La norma más importante de la legislatura y que determinará su alcance.
Con la gobernabilidad en el aire, las principales carpetas sobre la mesa trascienden la política doméstica. Más allá del sobrevenido choque diplomático con Argentina, el Gobierno busca un papel relevante en la solución al conflicto entre Israel y Palestina, pero también en la guerra de Ucrania. Sánchez ya realizó una gira por Oriente Medio y, posteriormente, tuvo una segunda por Europa centrada en recabar aliados por un reconocimiento conjunto del Estado de Israel.
La pomposidad que rodeó la decisión en el Consejo de Ministros del pasado martes, tildada de “histórica”, contrastó con el plano más discreto que se le proporcionó en Noruega e Irlanda, los otros dos países que dieron el mismo paso coordinado con España. En esta línea, Sánchez lleva desde poco después del estallido de la guerra en Gaza implicándose en el impulso de una conferencia de paz.
La amenaza de Junts
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Con las elecciones del próximo 9 junio, se cierre un largo ciclo electoral tras el que Moncloa espera estabilizar la legislatura con un horizonte despejado de otros comicios hasta 2026, cuando sería el turno de las elecciones en Castilla y León, seguidas de las andaluzas. Sin embargo, nada garantiza en estos momento la aprobación de unos Presupuestos, menos todavía en tiempo y forma a la espera de cómo se reconfigura el escenario de la gobernabilidad en Cataluña y las estrategias de los partidos independentistas.
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En este contexto, Junts elevaba la presión este viernes sobre el PSC para que ceda sus votos en una hipotética investidura de Carles Puigdemont como una suerte de contrapartida «siguiendo con el acuerdo» suscrito en noviembre con la investidura de Sánchez. “Si (el PSOE) quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont», amenazaba el candidato de los posconvergentes a las elecciones europeas, Toni Comín, en una rueda de prensa en la sede de Efe en Bruselas.
