El Gobierno ha elaborado ya su propuesta sobre los artículos que la Comunidad de Madrid deberá eliminar o modificar en las leyes trans y contra la LGTBIfobia para garantizar su constitucionalidad. El documento se enviará en las próximas horas a los servicios jurídicos del Gobierno regional, según ha podido saber este diario. Un requerimiento «para resolver las discrepancias» que se enmarca dentro de la negociación entre ambas administraciones abierta el pasado mes de marzo tras activarse la comisión bilateral, previa al recurso de inconstitucionalidad. El mismo que esta semana se propuso activar con el Gobierno de Aragón para requerir cambios en su denominada ley de concordia por considerar que incumple con varios tratados internacionales firmados por España, en base a un informe de tres relatores de la ONU.
El documento dirigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, apenas incluye cambios respecto a la propuesta inicial de hace dos meses que se remitió al Ejecutivo regional desde el Ministerio de Política Territorial a instancias del departamento de Igualdad. Pide que se deroguen aspectos relacionados con los «derechos» de las asociaciones LGTBi o los informes médicos que la norma regional exige a los menores antes de proceder a un cambio de sexo. El balón queda ahora en el tejado de la Comunidad de Madrid, que deberá responder a este documento para intentar llegar a un acuerdo que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Tras el primer informe remitido que dio origen a la apertura de la comisión bilateral, el Gobierno de Díaz Ayuso informó de que trabajaría en estas reuniones para tratar de «evitar un nuevo ataque» del ejecutivo de Sánchez y evitar el recurso de inconstitucionalidad, pero defendía sus leyes y advertía de que no veía que el ministerio cuestionara entonces «los supuestos recortes en los derechos LGTBI».
En la propuesta de modificación formal que se enviará ahora, el Gobierno propone que en la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual, se suprima la parte del articulado donde se establece que las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de derechos humanos no podrán presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores.
En la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación se reclama eliminar los preceptos en los que se considera que «patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico«. Se pide así suprimir el artículo 14 donde se establece como “requisito necesario” el apoyo de profesionales de salud mental y su mantenimiento durante todo el tratamiento además de que al menos, en caso de tener alguna enfermedad, deba solicitar un informe médico favorable antes de iniciar el tratamiento hormonal.
«Tesis negacionistas»
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Por otra parte, se señalan los artículos donde se especifican los derechos de utilización de espacios por parte de las personas trans «sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas», al interpretar que menoscaba el principio de igualdad. Finalmente, se requiere eliminar la parte del texto donde se hace referencia a que «el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada», pues la ley estatal establece una prohibición expresa de terapias aversivas o de conversión incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. De momento, en el Gobierno regional informan de que no tienen aún constancia del contenido de este documento.
El Ejecutivo pretende extender su marcaje a lo que califica de «tesis negociacionistas« de algunos gobiernos regionales de PP y Vox. Más allá de la derogación de las leyes de memoria democrática en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, desde el Gobierno advierten que también pondrán pie en pared ante posibles recortes en materia de derechos LGTBI o contra la violencia de género. De hecho, tildan de «discursos negacionistas» que los acuerdos de coalición firmados por PP y Vox eludan referirse al concepto de “violencia de género” para diluir esta realidad con otros términos como «violencia intrafamiliar».
Marcaje a ejecutivos regionales
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciaba este jueves durante un mitin electoral en Cataluña que los gobiernos regionales de PP Vox “banalizan la violencia de género” y “aprueban leyes que revisan la historia democrática de nuestro país”. Unas acusaciones que se encuadran dentro de una estrategia electoral similar a la de las generales, ahora alentada por las políticas concretas de los gobiernos de derecha y ultraderecha.
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La Comunidad de Madrid tiene hasta mediados del próximo mes de septiembre para incluir los cambios propuestos o realizar contrapuestas. Si no hay acuerdo, el Gobierno presentará un recurso de institucionalidad ante el Alto Tribunal. Un total de seis meses desde que se activó la comisión bilateral. Desde el Ejecutivo confían en no tener que llegar a este extremo y valoran el hecho de que ya se aceptase el pasado mes de marzo la apertura de la comisión bilateral. Un extremo que por ahora no ha confirmado el gobierno de Aragón, tras pedírsele formalmente el pasado martes para negociar modificaciones en su ley de concordia que, entre otras cuestiones, invisibilizaría a las víctimas del franquismo. El ejecutivo del popular Jorge Azcón tiene hasta el 27 de mayo para responder afirmativamente a la apertura de este procedimiento negociador entre administraciones. En caso contrario, se activará directamente la vía del Tribunal Constitucional.
