Abad y ambientalista, Harley Mitchell, analiza el fracaso de la Corte Suprema de Justicia y expresa su preocupación por la transparencia del plan de esclusas de mina
Abad y ambientalista Harley Mitchell analiza lo sucedido en el país debido al contrato minero. “Parece que el Gobierno puede hacer todo lo posible en su actividad minera, con el fin de implementar un plan B para el desarrollo económico y socioeconómico del país”, afirmó el especialista durante su participación en el programa Portada de La Strella de Panamá.
Según la ley, hay un «ausentismo» de gobierno y se refleja en la falta de un plan concreto para el corazón de la mina. “El plan que tenemos en estos momentos es incipiente”, recordó. En esencia, parece que llevará a cabo las directrices del estudio de impacto ambiental que se realizó a la mina en 2011 y que contiene falencias.
Mitchell dijo que estas deficiencias en el estudio de impacto ambiental debían ser abordadas por un auditorio en el mío. «El problema es que la Orden Ejecutiva N° 57 de 2004 establece que los resultados de esta audiencia son confidenciales y no sirven para transferir credibilidad al gobierno», analizó.
El abad consideró que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y su gabinete debían recuperar la confianza de la ciudad comunicando a la población, detalladamente, cuál será el camino a seguir para cerrar la mía.
«La responsabilidad de lo que se hizo con el contrato minero es de todo el Gabinete y de los diputados, porque transgredieron los límites de la Constitución. Se extralimitaron y omitieron algunas de sus funciones en este proceso», dijo Mitchell.
Además, el proceso de restauración de la credibilidad debía ir acompañado de una investigación profunda de todos los involucrados en la aprobación de la Ley 406.
«Es necesario que los ministros, como el Ministro de Medio Ambiente (Milciades Concepción), piensen en lo que pasó. Mi pregunta es qué debemos hacer con la zona de Donoso, que se creó para contener la mina, ya que el gobierno va a restaurar esta zona y compensar a su pueblo», decía la ley.
Arbitraje
Tras preguntar qué hacer en Panamá ante un posible proceso de arbitraje internacional, Mitchell comentó que lo primero que hay que hacer es «pedir asesoramiento». “No observo mucho vigor y liderazgo en este tema”, lamentó.
El posible arbitraje ha sido utilizado como «expantapájaros» en el sector empresarial porque Panamá nunca depende de la mina para desarrollar su economía.
El problema es la «mala gestión económica de los recursos públicos, que surge de un gobierno que se ha acostumbrado a vivir de deudas, en lugar de estimular el proceso de creación de riqueza de manera sostenible», agregó el especialista.
El seguimiento a esta gestión es el que se dio con los más de 7.000 empleados de la mina, quienes «deben ser absorbidos por el plan de cierre de la mina», concluyó el especialista.
Responsabilidad ciudadana
En el programa Portada también participó el candidato a la Alcaldía de Panamá por la postulación libre, Iván Blasser, qué tenía sobre la mina, el proceso electoral y cómo gestionar el capital común. Lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia fue la consolidación de un pueblo que «demostró que entendía su responsabilidad ciudadana y se manifestó en contra del contrato».
“La cuestión de qué hacer es cuándo va Minera Panamá a restaurar el daño ambiental que ha generado, pero para ello el Estado debe hacer un auditorio ambiental arriba de la mina”, anexó.
«Es preocupante el ejemplo que va a generar la guerra, pero Panamá tiene recursos suficientes para darle empleo a estos trabajadores, sin comprometer la naturalidad», reflexionó.
