A lo largo de seis páginas, el PP desgrana el primer conflicto de la historia de la democracia española entre el Congreso y el Senado. Como anunciaron este martes, los populares han registrado un escrito en la Cámara Alta en el que plantean un conflicto de atribuciones en torno a la proposición de ley orgánica de amnistía. Apoyándose en el informe de los letrados, los conservadores aseguran que, en realidad, se trata de una «reforma constitucional encubierta» y que les está usurpando las competencias que la Carta Magna atribuye al Senado en ese tipo de procedimientos.
Un día después de aceptar a trámite la norma, algo que ellos mismos admiten que están obligados para no prevaricar, el grupo parlamentario popular sostiene que «al haber admitido inicialmente a trámite esta amnistía en forma de ley orgánica (…) pese a las dudas que razonablemente aconsejaban la vía de una reforma constitucional, el Congreso de los Diputados ha impedido de hecho que el Senado tuviera la posibilidad de actuar según el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución», el que hace referencia a las reformas constitucionales.
A continuación, apuntan que el procedimiento de reforma constitucional es «sustancialmente distinto» al procedimiento legislativo ordinario, tanto en las mayorías exigidas para su aprobación como al peso del Senado que, según sostiene, casi se iguala al del Congreso. Así, denuncian que el PSOE registró la amnistía como proposición de ley para esquivar los trámites de una reforma constitucional y su oposición en el Senado.
Tras esta exposición, los populares sostienen que «el Senado se ve conflictivamente mermado en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, al impedírsele la tramitación de esta iniciativa de acuerdo con el procedimiento que correspondería por razón de su materia: el de una reforma constitucional«. Es sobre este argumento que construyen el conflicto entre ambas Cámaras. Por lo tanto, proponen que el pleno del Senado «que apruebe requerir formalmente al Congreso de los Diputados a que proceda a la retirada de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía».
Los trámites
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Este texto deberá ser votado por el pleno de la Cámara Alta. La próxima semana no hay pleno, así que salvo la convocatoria de una sesión extraordinaria, este debate se produciría a la vuelta de Semana Santa. Dada la mayoría absoluta del PP, saldrá aprobado sin problemas. La Cámara Alta informará al Congreso de esta «indebida asunción de atribuciones» y le solicitará que retire la proposición de ley de amnistía por vulnerar sus funciones.
En este punto, se abrirá un plazo de un mes en el que el Congreso deberá responder. Previsiblemente, la Mesa de la Cámara Baja, en manos de PSOE y Sumar, responderá que actúan en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones. O, directamente, pueden no contestar. Lo que no se contempla es que retiren la amnistía. Así, con respuesta o no, al finalizar el mes, la Mesa del Senado podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional.
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El Tribunal Constitucional deberá informar al Congreso en el plazo de 10 días sobre el conflicto planteado por el PP. Después, abrirá un plazo de un mes para que la Cámara Baja pueda formular alegaciones. También podrá hacerlo cualquier otro órgano que considere que también se afecta de algún modo a sus propias atribuciones. Finalmente, el Constitucional deberá resolver dentro del mes siguiente. La sentencia deberá determinar a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y podrá declarar nulos los actos ejecutados. En este caso, la tramitación de la amnistía. Este movimiento, no obstante, no paralizará la amnistía.
