«Realmente estamos muy, muy cerca de un acuerdo sobre la renovación del Consejo [General del Poder Judicial, CGPJ] en materia de justicia, sino también sobre una serie de reformas necesarias en el sistema judicial español. ahora es uno cuestión de la voluntariedad política Sabemos lo que queremos hacer”, dijo Didier Reynders, comisario de la Unión Europea, el 5 de abril.
Reynders empezó a mediar entre el PSOE y el PP en enero, después de que los populares propusieran que Bruselas ayudara en esta misión que parece imposible: el CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de cinco años. Los jueces que lo componen fueron elegidos con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy (PP), en 2014, y los conservadores se han resistido tanto con Pablo Casado como con Alberto Núñez Feijóo a cambiar esa composición que les beneficia. Reynders les había animado a cerrar el acuerdo este mes de abril, antes de que él dejara el cargo (el día 25) para hacer campaña por el cargo de secretario general del Consejo de Europa. Este lunes ha dicho que se va ya, una señal que pone de relieve que no ve ninguna «voluntad política» en el PSOE y el PP para cerrar el acuerdo. La Comisión Europea ha dejado claro que pondrá a otra persona a sustituir su función de mediador. La noticia ha sido recibida de forma distinta en los dos partidos. Mientras los socialistas hablan de la necesidad de que se renueve ya este mes de abril, los populares no demuestran ninguna prisa.
En el PSOE se acogen al comunicado de la Comisión Europea en el que se presta a mantener su papel de intermediario tras la dimisión de Reynders. De ahí que, a la espera de que se designe a otro mediador, fuentes del partido insistan en que “la negociación debe continuar y las conversaciones se tienen que acelerar de la mano de la Comisión”. Para las labores de mediación, la mejor situada es la vicepresidenta Věra Jourová. Su nombre ya estuvo sobre la mesa antes de elegirse a Reynders y aunque desde el Gobierno evitan posicionarse, al considerar que es una decisión que debe tomar Bruselas, reconocen que Jourová “conoce bien la situación”.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, lametnó en rueda de prensa desde la sede federal que el PP no está por la labor de llegar a un acuerdo y lo acusó de malabarismos para sortear la renovación. En la dirección añaden en la misma línea que “no hay excusas o dilaciones posibles”, pese al ciclo electoral, y que por su parte h’an cedido al estar “negociando con el formato elegido por el PP, el mediador elegido por el PP y los plazos asumidos por el PP”.
Los socialistas se apoyan en la presión de las asociaciones de jueces para que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, aunque sin hacer referencia a la reforma de la ley orgánica del poder judicial que también reclaman, al igual que el PP, para que los jueces tengan más poder a la hora de elegir el CGPJ dentro de cinco años. La renovación del actual se tiene que hacer con la norma vigente.
En la sede de Génova, sin embargo, no se mencionó abril ni se mostró ninguna prisa para actualizar la composición del Consejo. «Seguimos comprometidos con esas conversaciones«, dijo Borja Sémper, portavoz nacional del PP, que se guardó de hablar de plazos y vio bien que Reynders sea sustituido por otro representante que desgne Bruselas. «Lo importante es seguir avanzando y seguir profundizando», respondió antes de negar, a preguntas de la prensa, que el PP prefiera dejarlo para después de las elecciones europeas (el 9 de junio) y tras las vascas (21 de abril) y las catalanas (12 de mayo).
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La situación de la justicia, aseguran en Ferraz, “está al límite”. Por el momento, eso sí, evitan mencionar la posiblidad de acudir al plan B. El denominado ‘plan Guilarte’ en referencia a la propuesta del presidente del CGPJ de restarle competencias para los nombramientos en la cúpula judicial si fracasan las negociaciones.
