«Queremos una nueva ley de secretos oficiales; una nueva ley general cuya iniciativa debería residenciarse en el Gobierno; una ley de secretos de alcance general que no se limite al objeto de la ley vigente, sino que cubra también supuestos previstos en otras leyes; una ley que defina con precisión las materias clasificadas», dijo el diputado socialista Artemi Rallo el 27 de abril de 2016, antes de que el PSOE respaldara a trámite una proposición de ley del PNV para modificar la legislación vigente, redactada en 1968, en plena dictadura. Este martes, los socialistas han vuelto a repetir ese compromiso, también con una iniciativa del PNV. La cuarta vez que lo hacen en los últimos ocho años.
Desde 2016, la formación jeltzale ha registrado en cada legislatura su proposición de ley que plantea rebajar los años tras los que se desclasifican los documentos secretos. En total, la han presentado cinco veces y siempre han logrado el apoyo del PSOE. No obstante, todas las veces la ley ha acabado olvidada en un cajón hasta que decaía por la convocatoria de elecciones. Este martes, los socialistas, junto al resto del grupo de la investidura, han dado su ‘sí’ a la propuesta del PNV para que empiecen los trabajos.
El diputado socialista Juan Carlos Jerez Antequera ha defendido el apoyo de su grupo alegando que «el derecho a la información es esencial», aunque haya que «encontrar el equilibrio» con la defensa y la seguridad del país. También ha recordado que el Ejecutivo trabajó durante la pasada legislatura en un proyecto de ley de información clasificada, pero no llegó a aprobarlo y tampoco fue del agrado de sus socios parlamentarios.
La propuesta
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La propuesta del PNV proponen un plazo máximo de 25 años para la información clasificada como secreta y de 10 años para la considerada como reservada. Tan solo el Consejo de Ministros podría extender esta duración, de manera «excepcional y motivada», por un periodo máximo de 10 años. Además, recoge que todas las materias clasificadas que a la entrade en vigor de la ley hayan cumplido estos plazos quedarán desclasificadas automáticamente.
El PP se ha posicionado en contra de la propuesta, alegando que el sistema de plazos no es el más conveniente. El diputado del PP Carlos Rojas ha sostenido que si se cambia la ley el objetivo principal debe ser mejorar la seguridad del país y, después, añadir «más transparencia». No obstante, ha señalado que cualquier modificación debería lograr el apoyo de todos los grupos de la Cámara.
