El PSOE ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, -que investiga en secreto si el despacho que fundó el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se valió de sus contactos en los Gobiernos del PP para favorecer a sus clientes- que acepte su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tienen «enorme trascendencia para los intereses generales», según la documentación consultada por El Periódico de España, del mismo grupo editorial..
Los socialistas solicitaron su personación después de que esta redacción informara de que el magistrado de Tarragona desarrolla las mencionadas pesquisas en secreto, tal y como consta en un auto de la Audiencia Provincial de esta provincia catalana de 28 de enero de 2022: «Entendemos que es el momento procesal oportuno para comparecer en el ejercicio de la acusación popular, pues es ahora cuando pese a desconocer parte de lo instruido, se infiere de lo hasta ahora hecho público, cómo la investigación afecta al interés de los ciudadanos, ya que se trata de los impuestos que todos venimos obligados a sufragar«, detalla el escrito.
El auto de la Audiencia de Tarragona, prosiguen los socialistas en su petición de personación, sostiene que las actuaciones que se investigan son las relativas a una supuesta «trama u organización cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables» para empresas gasísticas. Y que para ello «contrataron con los servicios de la mercantil Equipo Económico […] algunos integrantes vendieron cargamentos al más alto nivel del Gobierno, la Administración Central y Autonómica, creando una red de influencias sobre los altos funcionarios y funcionarios del Ministerio de Agricultura para obtener beneficios fiscales a favor de estas empresas gaseras, a través de cambios legislativos que resultan en el reembolso de la electricidad para estas empresas”, indicó la resolución, publicada en este periódico.
Legislación «a la carta»
[–>
«De ser cierta» la aseveración de la Audiencia de Tarragona, prosiguen los socialistas, «se estaría investigando una actividad de redacción y aprobación de legislación tributaria a la carta que atentaría contra el interés general de los ciudadanos«. Y por eso han pedido ejercer la acusación popular.
En el transcurso de las pesquisas se han intervenido correos electrónicos que evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas. También que Montoro tenía acceso a información «reservada» relativa a diferentes personalidades públicas.
Por eso, también han reclamado personarse el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Aunque en sus casos como acusación particular, al considerar que son perjudicados directos de las actividades de la cúpula de Hacienda.
«Ministro, para tú información»
[–>
En un email, cuyo contenido ha sido consultado por este periódico, se puede ver cómo el jefe de gabinete de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, Felipe Martínez Rico, entregó a su jefe información fiscal de carácter personal del cofundador de Podemos.
Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno, cuyo juicio por su patrimonio oculto se está celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid, ha llegado incluso a señalar la posibilidad de que los emails de Hacienda sean delictivos: “He leído con más detenimiento. Me parecen escandalosos los correos», ha afirmado. Considera que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, debería «tomar parte activa para ver si todo esto ha sido delictivo por parte de los que estaban en el ministerio de Hacienda”.
Cuatro investigados
[–>
El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Martínez Rico, uno de los autores de los correos electrónicos, es hermano de Ricardo Martínez Rico, que está imputado en la causa de Tarragona, y que fue hombre de confianza del exministro. También están investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fundó Montoro en 2006.
[–>
El magistrado que instruye el caso, que ha mantenido el secreto de las actuaciones desde hace más de cinco años, no ha contestado a las peticiones de personación del PSOE, de Monedero y de Rato. Una de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá, ha sido expedientada con una falta grave por desobedecer la orden de su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, de no investigar el contenido de los correos electrónicos. Sin embargo, esta sanción todavía no es firme, pues tiene que ser refrendada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
