Dieciséis fiscales de sala del Tribunal Supremo -la más alta categoría de la carrera- votaron el pasado 24 de abril a favor de que el informe a presentar por la Fiscalía a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) debía ser contrario a admitir la querella presentada por Alberto González Amado pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -acusado de fraude fiscal- por presunta revelación de secretos en la instrucción de su causa por dos fiscales de Madrid. Una de las fiscalas que formaron esa mayoría -16 contra admitir la querella y 15 a favor de abrir una investigación- era Dolores Delgado, exfiscal general del Estado. Y se da la curiosa circunstancia de que acudió sin ser fiscal de sala. Nadie dijo esta boca es mía.
La sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, anuló el ascenso a fiscal de sala de Delgado con ocasión de resolver favorablemente el recurso que impugnaba su nombramiento para el puesto de la fiscalía togada militar. Un puesto que exige ascender a la máxima categoría de la carrera: fiscal de sala del Tribunal Supremo.
La sentencia de la Sala Tercera fue dictada el 21 de noviembre de 2023. El consejo de ministros del pasado 9 de abril, a propuesta del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aprobó el real decreto (ver reproducción en el Boletín Oficial del Estado) 371/24 del 9 de abril de 2024 por el cual se “anula el Real Decreto 807/2022, de 4 de octubre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala a doña Dolores Delgado García y se le nombra Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo”.
[–>
Según fuentes judiciales consultadas por este diario, la junta de fiscales no tuvo que considerar ninguna duda u objeción por parte de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde ni de otros fiscales de sala sobre la situación de Dolores Delgado, quien por otra parte se encuentra pendiente de lo que la misma sección cuarta de la Sala Tercera del Supremo decida este próximo martes, día 7 de mayo, sobre tres recursos contra su nombramiento -posterior al de togada militar- a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Tribunal Supremo que actualmente ejerce.
Se da también la circunstancia de que para estar a cargo de la fiscalía de Memoria, como se la conoce, es necesario tener la categoría de fiscal de sala del Supremo. Una categoría, por tanto, que Delgado ya no tiene.
Votación el 7 de mayo
[–>
La sección cuarta de la Sala Tercera del Supremo ha convocado para este martes 7 de mayo la deliberación y votación sobre los tres recursos contra el nombramiento de Delgado en la fiscalía de Memoria: el fiscal Luis Ibañez Cuesta, la Asociación de Fiscales (AF, a la que pertenece aquél) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La sala, encargada de los asuntos relacionados, entre otros, con el Ministerio Fiscal, está formada por los magistrado Pablo Lucas (presidente), Luis María Díez Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. Es la misma sala, a falta de la magistrada Celsa Picó, jubilada, que anuló el nombramiento de Delgado como fiscal togada militar. En el caso de Memoria, el ponente será el presidente de la sección, Pablo Lucas.
¿Por qué anuló el nombramiento anterior y que sugiere ello sobre el que se debatirá este martes 7 de mayo?
La sección cuarta escuchó la grabación de las explicaciones que aportó el Fiscal General del Estado, Álvaro García, al Consejo Fiscal, órgano asesor de la FGE, al proponer la candidatura de Lola Delgado para fiscal de sala rogada militar.
“En el momento de la toma de posesión [de Álvaro García, 5 de septiembre de 2022] alguien me preguntó ‘cuando necesito hacer el impuesto [de sala a Dolores Delgado]´. Y lo digo: en la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de novio. En la primera ocasión.»
García enfatizó que el hecho de que la ley no contemplara el ascenso automático del fiscal General del Estado que cesa a fiscal de sala, “un gran error estratégico de quien quiso hacer la ley, y ya está”, no empece tomar la decisión. “Pero no porque no exista [la ley]Estoy seguro de que no podemos hacerlo aquí».
Los magistrados se plantean si existía o no el deber de abstención de Álvaro García, según planteó el recurrente, el fiscal Luis Rueda.
La sentencia afirma: «Es precisamente en este último punto donde adquieren sentido los reproches de arbitrariedad y de desviación de poder: la pregunta es si, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, el hecho de que el Fiscal General del Estado no se abstuviera a la hora de hacer la propuesta al Consejo de Ministros implica que esta sea arbitraria o resultado de un ejercicio desviado de la correspondiente potestad”.
La sentencia concluye: “Pues bien, esta sala considera que la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso. La finalidad declarada del Fiscal General del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la Carrera Fiscal es nombrado Fiscal General del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de Fiscal de Sala. Y lograr este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad. Además, no cabe subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada [Dolores Delgado] cuando también era Fiscal General del Estado, renuncia poco después de ese cargo por motivos de salud, convocatoria de la plaza y solicitud presente por parte de la señora Delgado, propuesta a su favor por ser su más estrecho colaborador y en ese momento su sucesor y todo, por poco tiempo, rápidamente y prácticamente sin solución de continuidad”.
Aunque la sentencia no lo menciona es lo cierto que la convocatoria para el concurso discrecional de adjudicación de la plaza de la Fiscalía de Memoria también estuvo rodeada de prisas.
El FGE había convocado a su órgano asesor, el Consejo Fiscal, para el 19 de junio de 2023 para resolver la adjudicación de la plaza de Memoria.
Pero he aquí que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 29 de mayo, tras el varapalo de las elecciones municipales y autonómicas, la disolución anticipada de las Cortes y las elecciones para el 23 de julio.
Ese mismo 29 de mayo, sobre las 15 horas, García se apresuró a convocar un pleno del Consejo Fiscal el 9 de junio para resolver un concurso discrecional. El de Memoria Democrática. Sucede que un Gobierno en funciones no debería hacer nombramientos, aunque haya antecedentes en sentido contrario. Al citar el Consejo Fiscal ese mismo 29 se cubrían las apariencias.
[–>
Los magistrados pueden entender que a Dolores Delgado le falta el requisito de la categoría de fiscal de sala y por ello dejar sin efecto el nombramiento de fiscal de Memoria. O pueden abundar sobre la desviación de poder que invocaron en su primera sentencia.
Regístrate para seguir leyendo
