«Siguiente parada, referéndum«. Gabriel Rufián resumió el pasado jueves en tres palabras cuál es el siguiente objetivo de ERC, y también de Junts, tras conseguir la amnistía del ‘procés’. El consenso en este punto es total. No obstante, son conscientes de que este asunto no está ahora mismo encima de ninguna mesa de negociación a corto o medio plazo. A la larga, insisten, se hará realidad. «Nos dicen que nunca habrá independencia, y hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quien menos depende, depende del pueblo de Catalunya», aseveró la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. En el mientras tanto, las dos formaciones independentistas han puesto sobre la mesa otras peticiones y varias de ellas acabarán pasando, tarde o temprano, por el Congreso de los Diputados, donde sus catorce votos son indispensables para el presidente Pedro Sánchez. El mismo camino que la amnistía. Pero, por ahora, tanto ERC como Junts frenan su impulso legislativo, a la espera de ver cómo se desencalla la gobernabilidad en Catalunya, ya que si Salvador Illa termina siendo president, cualquier triunfo autonómico en el Congreso sería anotado como un punto socialista.
Dejando a un lado la carpeta de la autodeterminación, una de las principales exigencias de republicanos y posconvergentes es la reforma del sistema de financiación autonómica. El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, reclamó a mediados de marzo un sistema de financiación singular que, entre otras cosas, planteaba que Catalunya gestionara todos los impuestos generados en su territorio, al estilo de Euskadi y Navarra. Junts ya planteó este modelo en el acuerdo firmado con el PSOE el pasado noviembre y la posición del PSC sigue siendo que debe usarse el canal establecido en el Estatut, un consorcio tributario.
La respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma, un rechazo a un modelo singular que suelen acompañar de la palabra «inconstitucional«, ya que el modelo vasco y navarro sí está recogido en la Constitución. Además, recuerdan que ya pactaron perdonar un tercio de la deuda que Catalunya acumuló en la crisis financiera. El Ejecutivo sí está abierto a mejoras en el sistema de financiación autonómico, pero sostienen que este tiene que ser pactado con todas las comunidades autónomas y con la mayoría de partidos. Básicamente, porque se regula a través de una ley y sería necesario lograr la mayoría en el Congreso.
Dos leyes a la espera
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El desencuentro en la financiación choca con el entendimiento que ERC y Junts han logrado por separado con el Gobierno en dos asuntos clave que, por el momento, parecen pasar más desapercibidos. A finales de diciembre, Aragonès se sentó a la mesa con Sánchez en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y consiguió arrancar al jefe del Ejecutivo el compromiso de impulsar en el Congreso una ley orgánica de garantía del plurilingüismo. La intención, según pactaron, es que permita blindar el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en las lenguas cooficiales, entre ellas el catalán. Sobre todo, en la administración de Justicia.
Aragonès se mostró confiado en que la norma estuviera lista en seis meses, pero por el momento no se ha vuelto a saber nada más. Tampoco se conoce avance alguno de la norma que el Gobierno acordó con Junts en enero para ceder a la Generalitat la competencia en materia de inmigración. El Ejecutivo llegó a este pacto en enero a cambio de que los posconvergentes se abstuvieran en la votación de tres reales decretos. Desde entonces, ambas formaciones han estado negociando y fuentes de ambos lados aseguran que hay un texto bastante avanzado.
Mantener el bloque
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Sin embargo, primero, las elecciones catalanas y, ahora, los comicios europeos han servido de excusa para no registrar la ley en el Congreso. Con la amnistía aprobada y tras las elecciones del próximo 9-J habrá que ver cuáles son los movimientos de cada formación y si el PSOE logra arrastrar al independentismo para que apoyen las leyes sociales que están en marcha.
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El Gobierno asegura tener varias normas listas para tramitar, pero todo dependerá de los alicientes que ERC y Junts encuentren para seguir apoyando al Ejecutivo en la Cámara Baja y de los réditos que puedan sacar de ello. Algunas de estas iniciativas podrían servir para mantener a republicanos y posconvergentes en el bloque de la investidura. De lo contrario, todo apunta a la parálisis total en el Congreso de los Diputados.
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