La inclusión en el orden del día del Consejo Fiscal de abril de un punto relativo al informe sobre la amnistía que le ha solicitado el Senado solo ha servido para que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, explique delante de todos los vocales sus razones para que no se realice, que no han sido otras que las que ya remitió por carta a la Cámara alta y ofreció a la Comisión de Venecia: que no está previsto que su órgano asesor se pronuncie sobre proposiciones de ley todavía en tramitación parlamentaria.
La decisión de que figurara como parte del orden del día parecía un logro conseguido por los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que denunciaban que García Ortiz había hurtado al Consejo Fiscal la posibilidad de realizar un informe sobre la proposición de ley de amnistía, circunstancia que les había llevado a hacer ellos mismos un borrador contrario a la norma, que califican de inconstitucional por vulnerar la separación de poderes.
Fuentes de la Fiscalía General señalan a EL PERIÓDICO que durante la reunión de este jueves todos reprodujeron sus argumentos: el fiscal general, en el mismo sentido que ya había expresado, y los seis vocales de la AF, a los que se sumó el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), Salvador Viada, a favor de la redacción, al entender que aunque la ley de amnistía es una proposición de ley y no un proyecto de ley -en el que el informe del órgano asesor sí es preceptivo-, el Estatuto Fiscal prevé la colaboración con las Cortes, salvo en los casos expresamente prohibidos y este no es uno de ellos.
Otras fuentes consultadas explican que no hubo una votación en sí, pero los siete vocales defendieron la oportunidad de hacer el informe. Enfrente tuvieron a los dos vocales de Unión Progresista de Fiscales y los miembros natos del Consejo Fiscal, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal jefa de Inspección, Antonia Sanz.
Los vocales de la AF han hecho un comunicado en el que explican que habían solicitado el debate y la aprobación del informe solicitado por el Senado, al tratarse de una ley orgánica «de transcendencia fundamental e incidencia directa en las funciones del ministerio fiscal, en cumplimiento del deber de colaboración entre los órganos constitucionales y con arreglo a la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 10 y 14.4″ del Estatuto fiscal.
En su lugar, el fiscal general del Estado considera que «la petición del Senado apela a competencias ajenas a las funciones estatutarias del Consejo Fiscal y [hacerlo] Conllevaría a desnaturalizar la esencia del organismo, de tal forma que desestimaría la petición sin afectar el deber de colaboración imputado al Ministerio Fiscal en el artículo 10 del Estatuto Fiscal». Las voces de la AF critican que haya No se trata de votar sobre la petición.
Fiscales de Sala consultados
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Durante la reunión el vocal de la Apif preguntó a la teniente fiscal del Supremo los motivos por los que no se había abstenido a la hora de informar sobre la querella interpuesta por el PP contra el fiscal general del Estado, que acabó siendo rechazada por el Tribunal Supremo. El supuesto motivo de abstención se basa en que ella votó a favor del nombramiento de Dolores Delgado fiscal de Sala togada, que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal anuló por desviación de poder.
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La número dos de la carrera explicó que no lo hizo, porque entendió que no era necesario, dado el recorrido que se preveía a la querella, tras consultarlo con varios fiscales de Sala. Las explicaciones fueron suficientes para Viada. El Supremo rechazó la iniciativa del PP porque la desviación de poder no es equivalente al delito de prevaricación administrativa que se alegaba.
