La Audiencia Nacional ha aplazado hasta noviembre el inicio del juicio contra José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y el empresario Javier López Madrid, que habría contratado los servicios del excomisario para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal. La vista, que estaba prevista para la próxima semana, se retrasa de esta forma hasta mediados de noviembre, cuando se juzgará si los tres acusados cometieron un delito de cohecho.
La defensa, que pide seis años de prisión para Villarejo y para López Madrid y otros cuatro para Redondo, consiguió que el juez instructor Manuel García Castellón se inclinase más por su postura que por la de la Fiscalía Anticorrupción, que no terminaba de ver claro que se cometiese realmente ese presunto delito de cohecho y que pidió el archivo provisional del caso.
En este proceso, que es la pieza separada número 24 del llamado caso Villarejo, se investiga si López Madrid contrató a Villarejo, «comisario en activo», para que «le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con María Elisa Pinto». Presuntamente, dice el juez instructor en su relato de hechos, en diciembre de 2013 el empresario habría acudido a la consulta de la doctora acompañado de Redondo, que acudía en calidad de abogado por orden de Villarejo, y le habrían indicado a Pinto «que le dejase en paz, que parase, y que la policía iría a verla».
Hostigamiento con «medios policiales»
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En 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora utilizando «medios policiales», según dijo el juez, y para ello llevó a cabo seguimientos destinados a intentar impedir que denunciase a López Madrid por acoso.
«Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte», añadió el juez instructor de la Audiencia Nacional, donde tendrá lugar el juicio del 18 al 21 de noviembre de este año.
El magistrado daba cuenta en su escrito de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumaba a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto, se refería al ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.
«Chiquitín, daños y perjuicios»
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«Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015», decía el magistrado.
El juez apuntaba además en su auto que, en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid «una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado».
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Y recogía el textual de Villarejo: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito, ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y ni me has llamado para decirme (…). Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios«.
