El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona la «persecución injusta» a la que fue sometido por la policía patriótica del PP en la que estaba inmerso el comisario José Manuel Villarejo. Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO han asegurado que la Fiscalía de Barcelona está estudiando si se remite o no a la Fiscalía Superior de Catalunya esta denuncia, ante la posibilidad que se incorpore a las diligencias de investigación ya abiertas para determinar si hubo espionaje por parte de ese clan parapolicial a quien fuera fiscal superior de Catalunya hasta 2013, Martín Rodríguez Sol.
Los policías que llevaron a cabo las pesquisas parapoliciales que José Manuel Villarejo para investigar a políticos catalanes como los Pujol y Artur Mas también maniobraron en 2013 para imputar en el caso Macedonia contra el narcotráfico al entonces jefe de la Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, según consta en los diarios y en una grabación de una conversación de 2009 del propio comisario jubilado, en la que también participaron el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el exinspector jefe Antonio Giménez Raso, según publicó EL PERIÓDICO en diciembre de 2021.
«Objetivo Trapero», anotó en su agenda de forma elocuente Villarejo el 6 de mayo de 2013, en una conversación que atribuye a «Tony», quien según las fuentes consultadas se trata del mencionado Giménez Raso, quien cobraba alrededor de 2.300 euros mensuales por su participación en la investigación parapolicial. Esta anotación se produce en plena Operación Cataluña urdida desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y en la que habrían participado numerosos policías, y que según las agendas de Villarejo se llevó a cabo bajo la dirección del secretario de Estado Francisco Martínez, el ministro Jorge Fernández Díaz y la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Los tres lo han negado en numerosas ocasiones.
El ‘caso Macedonia’
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Un mes antes, el 11 de abril de 2013, y tras conversar con el secretario de Estado Francisco Martínez, a quien identifica en su diario con el apodo de «Chisco», Villarejo escribe: «Actuación Trapero-Carbajo». Este último se refiere al confidente Manuel G. C., a quien califican como confidente e incluso amigo del entonces jefe de la Policía Judicial de la Policía catalana. Esta anotación va en el mismo sentido del audio grabado en 2009 por Villarejo en el que el propio comisario, Olivera y Giménez Raso idean un plan para implicar a Trapero en un delito de tráfico de estupefacientes asociado a ese confidente policial, para así lograr que la Audiencia Nacional intervinieran sus llamadas telefónicas. Unos meses después, el 3 de julio de 2017, en el diario del comisario se puede leer, de forma textual: «El juez quiere imputar a Trapero», en alusión al juez de Barcelona que instruía el ‘caso Macedonia’ sobre presunto tráfico de drogas, por el que Manuel G. C., al final, fue absuelto. Sin embargo, el clan policial no logró implicar al mayor de los Mossos d’Esquadra en la causa y el magistrado no imputó nunca al mayor.
Trapero remitió una carta a la emisora RAC-1 este mes de enero que la que anunciaba que emprenderá acciones legales porque, como funcionario, es su «obligación» y también su «derecho» denunciar la «persecución injusta» de que ha sido víctima por parte de personas que «no tenían ninguna habilitación legal para hacerlo». Para el mayor de los Mossos, además, esta presunta trama, que tenía como objetivo «desacreditarlo y neutralizarlo», es aún más grave porque se financió con fondos reservados. Así apuntaba que estos hechos tuvieron «consecuencias judiciales graves y nuevamente injustas» para personas que estaban bajo sus órdenes, cuyo «único pecado» fue destapar una «trama policial corrupta» vinculada a los prostíbulos Rivera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona).
