La Fiscalía Europea sigue la pista a los más de tres millones de mascarillas inservibles y almacenadas en los hospitales públicos de Canarias. Los investigadores ordenaron a un grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que inspeccionara los almacenes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Hospital Universitario (HUC) en busca de material médico defectuoso adquirido durante la pandemia de la covid-19, después de requerir los expedientes y comunicaciones digitales de 15 funcionarios. La intervención policial de la UCO se ha extendido toda la semana y se enmarca en una investigación bajo secreto de sumario dirigida a determinar si el Servicio Canario de Salud incurrió en delitos de malversación de fondos públicos o prevaricación administrativa en su gestión de los contratos sanitarios tramitados por la vía de emergencia entre 2020 y 2021.
Los agentes también han interrogado en calidad de testigos a personal del SCS. Uno de los citados a declarar ha sido el que fuera director del servicio durante el gobierno de Ángel Víctor Torres, Conrado Domínguez. La Fiscalía Europea no pierde de vista en sus pesquisas las ramificaciones canarias del caso Koldo.
Un informe de la Audiencia de Cuentas que recoge las supuestas irregularidades en las adjudicaciones detalla que la mayor parte de las partidas defectuosas se concentran en los hospitales públicos tinerfeños. El Hospital de La Candelaria, en Tenerife, es el más perjudicado con dos millones de cubrebocas inservibles, seguido del Hospital Universitario de Canarias (HUC) con 372.230 unidades, el Materno Infantil de Gran Canaria con 212.000, el Doctor Negrín (191.200), el Hospital Insular de Lanzarote (145.611), el de La Palma (109.680) y el de Fuerteventura (4.180).
Revisión en los almacenes
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La consejera de Sanidad, Esther Monzón, afirmó ayer que la Consejería ha «facilitado toda la información» sobre las adjudicaciones que ha requerido la Fiscalía Europea. Los agentes de la Guardia Civil que se personaron este martes en las dependencias regionales «solicitaron una revisión ocular de los almacenes para ver si había material de esa época».
Monzón confirmó que, en esas diligencias de investigación, la Fiscalía Europea «solicitaba información sobre algunos expedientes» y documentos en los que «hayan estado implicadas todas las personas que hayan podido formar parte» de las adjudicaciones. «Hay secreto de sumario, por lo que entiendo que debemos tener el mayor de los respetos y nosotros, como Consejería, simplemente somos facilitadores de toda la información que se nos haya pedido», añadió.
La consejera no quiso entrar en más detalles sobre las actuaciones judiciales ante las preguntas de los medios de comunicación durante un acto institucional para presentar el Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias.
Los agentes toman declaración al exdirector Conrado Domínguez en calidad de testigo
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Además de los expedientes, los investigadores requisaron los correos electrónicos, consultas y comunicaciones digitales de 15 funcionarios del Gobierno de Canarias. La actuación de los agentes este martes comenzó en las dependencias de la Consejería de Sanidad, continuó en la Dirección General de Nuevas Tecnologías, que depende de Presidencia, y se extendió unas seis horas.
El entorno virtual de los empleados públicos quedó bloqueado y se intervinieron los códigos personales de los usuarios, todo ello con el fin de custodiar las interacciones relacionadas con las adjudicaciones y evitar una manipulación de pruebas. El siguiente paso será que los agentes practiquen una copia completa de los historiales digitales.
Las pesquisas van más allá del entramado empresarial de Koldo, investigado por la Audiencia Nacional, y del caso mascarillas, que instruyó la Fiscalía Europea al haber fondos europeos implicados en la compra de un millón de mascarillas que nunca llegaron.
24 contratos sospechosos
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La denuncia inicial remitida a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas detalla adjudicaciones del SCS a RR7 United (la empresa implicada en el caso mascarillas), a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (vinculada al asesor del exministro José Luis Ávalos) y a otras 15 empresas. En total, el documento hace referencia a 24 contratos sospechosos y compara el precio al que fueron adquiridos los materiales con el coste habitual en el mercado. En total, la Fiscalía indaga en 31,9 millones de euros gastados por el SCS.
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El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García García-Sotoca, investigó inicialmente la causa antes de inhibirse en favor de la Fiscalía Europea. Las fiscales instructoras, Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez, se centraron en primer lugar en el caso de RR7, sobre el que recientemente se levantó el secreto de las actuaciones.
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