Las esperanzas de pacto se abrieron paso con timidez el pasado 22 de diciembre. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunieron ese día en el Congreso de los Diputados y salieron con un acuerdo y con un método para alcanzar otro: la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” y la mediación, a propuesta del PP, de la Comisión Europea en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Más allá del cambio en la Carta Magna, que se llevó a cabo poco después y era un compromiso de la legislatura anterior, aquello fue un espejismo. Con todos los puentes entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición rotos, el diálogo de sordos se extiende a otras cuestiones capitales. Para Sánchez, todo se debe a que su principal adversario continúa sin aceptar el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio, después de que casi todas las encuestas dieran mayoría absoluta a la suma del PP y Vox. Incapaz de asimilar un desenlace distinto, Feijóo, según el líder socialista, vive desde entonces instalado en la “nada”, porque no tiene ningún “plan” para España, y el “lodo”, buscando en todo momento una “oposición destructiva” de la mano de la ultraderecha. “Le pido que rectifique. Mi puerta sigue abierta. Si un día elige la moderación y la política útil, aquí me tendrá con la mano tendida”, le dijo el jefe del Ejecutivo el miércoles en el Congreso, durante el debate sobre política exterior marcado por los habituales desencuentros.
Para Feijóo, en cambio, lo que cortocircuita cualquier entendimiento son los pactos de Sánchez con las fuerzas independentistas: de la moción de censura en Pamplona impulsada por Bildu y respaldada por el PSOE a la ley de amnistía acordada con Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura. Esos dos argumentos son blandidos para invalidar cualquier otra acción del Gobierno de coalición.
Aquí se analizan algunos de los principales dosieres que ponen de relieve la incomunicación entre Sánchez y Feijóo.
[–>En el debate del pasado miércoles, Feijóo se quejó de que en el actual contexto de incertidumbre, con las guerras en Ucrania y Gaza, Sánchez no abandona “la frivolidad” ni hace “lo mínimo exigible”. “Podía informar de los movimientos en política exterior del país, como han hecho todos los presidentes del Gobierno de España, salvo usted”, le lanzó. “Pretende que me entere por los periódicos. No consulta con la oposición ni con el Congreso ni con nadie”, continuó sobre la falta de comunicación del jefe del Ejecutivo. El líder del PP tiene un argumento de peso: en marzo de 2022, Sánchez dio un giro histórico en la posición de España ante el Sáhara Occidental y respaldó el plan autonomista de Marruecos sobre ese territorio después de que lo hicieran EEUU (el primero), Francia y Alemania.
El Gobierno dio ese paso pocos días después de que Rusia iniciara la guerra en Ucrania (24 de febrero de 2022), un conflicto en el que, a grandes rasgos, PSOE y PP coinciden en en el fondo pero que los dos principales dirigentes tampoco han abordado de forma bilateral como una decisión de país, a pesar del claro impacto económico que ese conflicto ha tenido en la inflación estos 26 meses.
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Los intentos por parte del comisario de Justicia, Didier Reynders, de desbloquear el organismo de gobierno de los jueces, cuyos miembros llevan más de cinco años con el mandato caducado ante la negativa de los populares a alterar la actual mayoría conservadora, están siendo estériles. En la Moncloa ya ven “muy difícil”, incluso “imposible”, alcanzar aquí un entendimiento.
El PP pidió en Navidad la mediación de Bruselas, la ha habido y, pese a eso, todo apunta a que se va a renovar el poder judicial. Reynders les ha dado de tiempo hasta el 25 de abril, porque ese día dejará la Comisión Europea y se volcará en la campaña para liderar el Consejo de Europa.
Los conservadores exigen al PSOE aprobar en paralelo a los nombres de los jueces una nueva ley orgánica para que, ya el próximo CGPJ, sea elegido con más intervención del mundo de la judicatura y menos de los partidos políticos, algo que Sánchez no considera oportuno y rechaza que el PP use como medida de presión.
La no renovación del poder judicial no daña la imagen de la formación de Feijóo entre sus votantes, según admiten en privado los dirigentes de ese partido, así que, si finalmente no se renueva, como parece, este mes de abril, su principal objetivo será explicarse ante Bruselas, no al sur de los Pirineos.
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Cómo acabe el tema del CGPJ puede tener un impacto en otras carpetas que Feijóo y Sánchez tienen que abordar en otras instituciones. El 11 de junio acaba el mandato del actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Es tradición (solo incumplida por José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 al nombrar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez) que el nombre del elegido o elegida sea propuesto por el Gobierno y que tenga la bendición de la oposición. Por otro lado, la oposición hace lo propio con el subgobernador o subgobernadora: en este caso, hay un poco más de margen, porque Margarita Delgado desempeñará su trabajo hasta el 11 de septiembre.
El desafecto entre Sánchez y Feijóo también se está viendo estos días con el embrollo de Radio Televisión Española (RTVE), que ha estrenado presidenta interina, Concepción Cascajosa. Los populares, como han hecho en otras etapas, se muestran muy críticos con los informativos públicos cuando están en la oposición, sembrando dudas sobre la imparcialidad de sus trabajadores. Esa situación lleva al PSOE a ni intentar el entendimiento: cinco de los ocho miembros del Consejo de la Corporación tienen sus mandatos caducados y hay otra plaza sin cubrir. Se da por hecho que continuarán así en los próximos meses a no ser que alguna resolución judicial de las que hay pendientes obligue a acelerar el proceso.
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El modelo de financiación autonómica lleva caducado desde 2014. El sistema de reparto de los recursos económicos y la necesaria redistribución entre las comunidades más ricas y más pobres no se ha actualizado desde el que aprobó Zapatero en 2009. Feijóo y Sánchez abordaron este asunto como una prioridad en la reunión del 22 de diciembre, aunque sin ningún éxito. El acuerdo siempre es difícil. Las alianzas entre los territorios responden a las necesidades de cada uno más que a las siglas de su partido. Los intereses de Castilla y León (PP) coinciden más con los de Castilla-La Mancha (PSOE) que con los de la Comunidad de Madrid (PP), por ejemplo.
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El PP, teniendo en cuenta su poder, podría presionar a Sánchez para sentarse y negociarlo, pero no lo hace porque sabe que es un atolladero que pondría de relieve las fisuras en sus propias filas. Por su parte, el PSOE, necesitado de los apoyos de ERC y Junts, tampoco está en el mejor escenario para empezar a acordar a tantas bandas y llegar a un acuerdo mínimamente satisfactorio para todos.
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