Como se esperaba las acusaciones están siendo más duras que la fiscalía en Tsunami Democràtic. Los dos policías que resultaron heridos de gravedad y ejercen la acusación particular en la causa han pedido al juez Manuel García Castellón que libre órdenes de detención o de busca y captura internacional para los imputados por terrorismo que no comparecieron ante él por videoconferencia desde Barcelona. De la decena de imputados en esta causa que hay en la Audiencia Nacional solo acudió a la citación la dirigente de ERC Marta Molina.
En un escrito presentado el primero de los cinco días que les había concedido el magistrado de la Audiencia Nacional,al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los policías, representados por el despacho Fuster Fabra, solicitan que se vuelva a citar a declarar a los imputados cuya presencia se excusó porque sus abogados tenían fijados señalamientos anteriores. Es el caso de la secretaria general de ERC Marta Rovira y del empresario Oriol Soler.
El propio juez ya se ha dirigido a ellos para preguntarles cuándo podrían comparecer entre la última semana de mayo y la primera de junio. La respuesta debe llegar en el trámite de una audiencia (24 horas) y la acusación que ejercen los policías señala que si tras ese plazo no han contestado al requerimiento hecho solicita que «proceda al libramiento de órdenes de detención de los investigados por sustraerse de manera clara a la acción de la justicia».
En el caso de la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, la acusación se interesa por su estado de salud, con el fin de poder pronunciarse sobre una nueva citación.
Pero con los que muestra toda su contundencia es con el ‘exconseller’ de ERC Xavier Vendrell, los empresarios Jaume Cabaní y Josep Campmajó, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el periodista Jesús Rodríguez Sellés, de los que dice que «decidieron de manera consciente y deliberada no estar presentes a pesar del llamamiento de la autoridad judicial, sustrayéndose una vez más de la acción de la justicia, sin justificación razonada alguna».
A partir de ahí, el escrito, al que ha tenido acceso este diario, repasa las circunstancias de cada uno de ellos. De Vendrell dice que «a escasos días del señalamiento» pidió poder declarar por videoconferencia desde Colombia, donde actualmente reside por motivos de trabajo.
Pero su petición fue denegada, lo que le obligaba a acudir a Barcelona, donde tiene fijado su domicilio. La acusación sostiene que ha ocultado su residencia en Colombia de forma «deliberada y con ánimo de eludir exactamente este momento de su llamamiento a declarar«. Por lo que solicitan que se libre orden internacional de detención, al considerar que «ha demostrado que no tiene la voluntad de comparecer» en el juzgado.
De Campmajó y Serra, la acusación considera que están en la misma situación solo que desde Suiza, en vez de Colombia. En su caso, la acusación pide que se libre orden europea de detención y entrega, «teniendo en cuenta que ninguna intención tienen de atender a los llamamientos que las autoridades judiciales requieran de ellos y a la gravedad de los delitos por los que han sido imputados en la presente causa».
En cuanto a Rodríguez, que no se personó en la Audiencia Nacional hasta el pasado día 17, los Fuster-Fabra sostienen que no ha presentado escrito alguno que justifique su urgencia por lo que consideran su conducta procesal «una rebeldía frente a la justicia española que no puede ser permitida», por lo que solicita su busca y captura para su puesta a disposición judicial.
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Y la misma medida pide para Cabaní, porque considera que una nueva citación que tampoco tendría efecto y supondría «la dilatación del presente procedimiento, que es el fin último de casi la totalidad de los investigados en la presente causa».
