La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se pensaba que sería una ocasión excepcional para reconfigurar las normas del sistema financiero global y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultó en un documento final que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentan su carencia de ambición, claridad y auténtica voluntad política.
El documento, conocido como «Compromiso de Sevilla», recibió el aval de la mayoría de las naciones asistentes, aunque careció del apoyo de ciertos países claves, como Estados Unidos, cuya falta de presencia influyó en el carácter de las discusiones. Según las organizaciones no gubernamentales, el texto no ofrece las soluciones necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni proporciona un estímulo efectivo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo declive pone en riesgo el aumento de la desigualdad a nivel mundial.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
Según voceros de distintas redes internacionales, la oportunidad histórica de actuar con decisión en este tema fue desaprovechada. Más de 60 países destinan actualmente más del 10 % de su gasto público al servicio de la deuda, superando lo que invierten en salud y educación, mientras los mecanismos actuales de reestructuración siguen siendo opacos, lentos y dominados por instituciones con escasa representatividad.
En paralelo, la situación de la ayuda al desarrollo sigue siendo crítica. La AOD cayó un 9 % en 2024 y se prevé un nuevo descenso para este año, agravado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia afecta directamente a programas esenciales como la vacunación infantil, la protección de personas refugiadas, el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incluye medidas concretas para revertir esta situación, ni un cronograma para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque ciertos especialistas subrayan progresos en el plan para aumentar tres veces el límite de préstamos de los bancos de desarrollo multilaterales y el respaldo a acciones fiscales globales, las entidades sociales afirman que esos pasos son inadecuados si no se complementan con una transformación significativa de las normativas que gobiernan la economía mundial. También critican que numerosos países adinerados sostienen un discurso contradictorio: por un lado, ofrecen colaboración; por otro lado, disminuyen presupuestos y elevan el gasto militar.
La falta de participación de Estados Unidos fue vista por ciertos actores como una ocasión para que otras potencias, como la Unión Europea o China, asumieran el liderazgo en la revisión del sistema. No obstante, esta ausencia también privó al evento de uno de sus mayores financiadores y actores influyentes, lo cual redujo el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que la conferencia que se realizó en Sevilla incluyó aspectos favorables, como admitir la importancia de relacionar el financiamiento para el desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero señalan la ausencia de medidas específicas para asegurar su ejecución. Además, exigen que la participación de la sociedad civil sea más influyente en futuros eventos, y no meramente simbólica.
Con la Agenda 2030 en riesgo y una deuda mundial creciente, la comunidad internacional tuvo en Sevilla un momento para ajustar las normas del juego. No obstante, el desenlace ofreció más incógnitas que soluciones. Para los activistas, el auténtico compromiso no se evalúa a través de declaraciones diplomáticas, sino mediante decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades pasadas y aseguren el derecho al desarrollo para todos los países. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según palabras de los mismos participantes, buenas intenciones sin efecto tangible.
