El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado estas decisiones para abordar la cuestión del proceso judicial y ha acordado por unanimidad»inscribirse en el Congreso y el Senado para abstenerse de cantar juegos y magistrados declarar previamente las comisiones investigadoras que se establezcan sobre quienes sean conocidos en los hechos objeto de su actividad jurisdiccional”.
El pensamiento que te comunicará una las presidencias de las Cámaras y del Consejo Rojo Europeo de Justicia, precisa que si, pese a ello, alguno de sus fuesen mencionados, deberá comunicarlo a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jugos la cual denegará la autorización para la comparación. Los jueces y magistrados, recuerda el CGPJ, «no podrá revelar por escrito, ni de cualquier otra forma, éstas o las circunstancias de las que haya tenido conocimiento como consecuencia de su ejercicio profesional».
El agudo sigue la línea reprendida por el vicepresidente del Consejo, Vicente Guilarte, cuando dijo directamente a los políticos: «Déjennos en paz». El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien informó al Consejo de Ministros de que los jueces no tenían que atender a estas comisiones y no mantuvieron debate alguno sobre la Constitución y la ley orgánica del poder mano judicial.
El texto redactado por todas las voces, tanto de los electos propuestos por el PP como por el PSOE, reconoce que En las últimas semanas se han mantenido constantes las declaraciones y comunicados del mundo judicial «advirtiendo de los riesgos a la independencia judicial, se puede suponer que las comisiones investigadoras se establezcan en el Congreso».. Se trata de la «Operación Cataluña», los atentados del 17-A y el previo espionaje con Pegasus a la independencia.
Constitución de comisiones
Pese a la oposición mostrada por el mundo judicial por la inclusión del término ‘lawfare’ en el acuerdo de inversiones firmado entre PSOE y Junts, el acuerdo destaca como «Portavoces destacados de los grupos parlamentarios» que los impulsaron «insisten en que podemos mantener un debate con ellos y con los magistrados»que obliga al pleno del CGPJ a pronunciarse con contundencia a «manifiestar, en primer lugar y sin reservas, el absoluto» respecto de este órgano constitucional de la autonomía de las Cámaras quien constituye las Cortes Generales para crear las comisiones que estime necesarias con el fin de esclarecer los hechos» para exigir, «en su caso, la responsabilidad política gubernamental actual«.
Pero «con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria, El CGPJ debe garantizar la independencia judicial en todo momento y en todas las circunstancias.» Para él y para los artículos 76 y 117 de la Constitución y de la LOPJ, «tiene que pedir constancia de que dichos Comisiones parlamentarias relativas a atribuciones para convocarlas y declararlas antes de sus juegos y magistrados» sobre los supuestos que conocen «en su labor de juzgar y ejecutar al juzgado».
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La memoria lo recuerda. los jueces están sometidos a la Constitución y a las leyes y son penalmente responsables si cometen un delito, pero la Constitución también establece que «son independientes, inamovibles, responsables y se rigen únicamente por el Estado de derecho». Se trata de «condiciones que, evidentemente, no reúnen a los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, por lo que, en definitiva y en última instancia, su función representativa se desarrolla en el plano estrictamente político».
Para todos ellos los partidos no tendrán la obligación de escuchar aunque también hayan sido convocados con un apercibimiento de responsabilidad penal en la que pueden incurrir, como hizo el Parlamento con el magistrado del Supremo inscrito en el CNI, Pablo Lucas, en la comisión de Pegaso.