El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del caso ‘juicio’, afirmó esto “Una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no son iguales ante la ley”.
Estas son las declaraciones que, en referencia a la ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts, han retomado la Premio Libra de Oro que el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (CIPM) le premió «por su extraordinaria aportación al mundo de la justicia y el derecho del Estado», en un acto celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid.
Llarena definió que la carta tiene la «función jurisdiccional» en una sociedad democrática y concluyó que la distinción que ha recibido «es un incentivo para que jueces y fiscales» trabajen «con responsabilidad e independencia».
A esta 29ª edición de los premios asistieron representantes del Consejo General de los Procuradores de España y del Colegio de Madrid, voces del Consejo General del Poder Judicial y magistrados del Tribunal Supremo.
Separación de las fincas
Además del galardón Pablo Llarena, la CIMF también recibió una mención honorífica en el título de forma póstuma a los familiares de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo, que falló el mes pasado en el 89 años.
El hijo de este magistrado agradeció el reconocimiento, que supone «una gran satisfacción para sus hijos y su esposa», y añadió que es importante homenajear a quien fue un «campo defensor de la separación de poderes».
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Por su parte, la viceconsejera de Justicia y víctimas de la Comunidad de Madrid, María del Carmen Martín García-Matos, intervino durante el acto para demostrar la importancia de la adjudicación de los magistrados «precisamente ahora» y que «es licito preguntarse sí la cuentas que estamos viviendo suponen una atacar nuestro interior».
El presidente del Consejo General de Fiscales de España, Juan Carlos Estévez, dio las gracias a Llarena «por ser defensora de la democracia y de la Constitución» y al decano del colegio de estos profesionales del mundo judicial, Alberto García, en el mismo línea, dijo que tenía que ponerse del lado de «la gente que vive por la independencia del poder judicial».
